La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial determinó que el próximo 27 de abril se llevará a cabo la audiencia virtual para evaluar los recursos de apelación interpuestos por el expresidente Ollanta Humala Tasso y la ex primera dama Nadine Heredia contra la sentencia por lavado de activos dictada en su contra el 29 de abril de 2025. La diligencia, que se realizará mediante la plataforma Google Meet a partir de las 3:00 p.m., tiene como fin revisar las condenas de diez años de prisión por la campaña presidencial de 2006 y cinco años adicionales por la de 2011 impuestas a la ex pareja presidencial por la presunta recepción de fondos ilícitos. El tribunal superior adoptó esta decisión tras declarar bien concedidos los recursos de impugnación y admitir un conjunto significativo de nuevos medios probatorios, los cuales buscan desacreditar la tesis fiscal y las pruebas estructurales que sustentaron la condena en primera instancia.
Detalles de la programación y los implicados
La convocatoria judicial no solo alcanza a Ollanta Humala y Nadine Heredia, sino que incluye a otros sentenciados como Ilan Paul Heredia Alarcón, Rocío del Carmen Calderón Vinatea, Mario Julio Torres Aliaga y Antonia Alarcón Cubas, además de las personas jurídicas Todo Graph S.A.C. y el Partido Nacionalista Peruano. Todos ellos impugnan diversos extremos de la resolución que les impuso penas privativas de la libertad y el pago solidario de una reparación civil fijada en diez millones de soles. La Sala ha advertido que los apelantes deben concurrir obligatoriamente bajo apercibimiento de declarar inadmisibles sus recursos en caso de inasistencia, garantizando así el principio de celeridad y la realización efectiva del debate oral en la fecha señalada. Admisión de nuevas pruebas y testimonios claveUn aspecto determinante para esta nueva etapa procesal es la decisión del tribunal de declarar admisibles diversos medios probatorios que fueron rechazados o que surgieron tras la sentencia de primera instancia.Entre estos elementos destacan las resoluciones emitidas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, bajo la ponencia de los jueces Ricardo Lewandowski y Dias Toffoli, las cuales determinaron la nulidad e inutilizabilidad de los sistemas MyWebDay y Drousys de la empresa Odebrecht por graves vicios en la cadena de custodia y la obtención de información ilegal.La defensa sostiene que estas decisiones extranjeras tienen efectos vinculantes sobre el caudal probatorio utilizado en el Perú para condenar a los procesados, dado que la información de la contabilidad paralela de la constructora brasileña sería la misma fuente declarada como ilícita en su país de origen.Adicionalmente, se ha programado la actuación de testimonios de relevancia internacional, como el del ciudadano brasileño Antonio Palocci Filho, quien según la defensa negará haber solicitado dinero o ayuda para las campañas de Ollanta Humala en 2006 y 2011. También se incluyó la declaración de Santiago Gastañadui Ramírez para que responda sobre la real titularidad de la imprenta Todo Graph y la autenticidad de las transferencias de acciones de dicha empresa. Estas nuevas evidencias buscan cuestionar la credibilidad de colaboradores eficaces como Martín Belaunde Lossio, cuya fiabilidad ha sido puesta en duda mediante la presentación de audios difundidos por medios de comunicación como Ojo Público y The Intercept Brasil. En uno de ellos, publicados en el portal Ojo Púbico, Belaunde Lossio habría dicho: «Al fiscal lo tengo por los huevos».Cuestionamiento a la tesis de los aportantes y contratosLa revisión de la sentencia también abordará la validez de los testimonios de los denominados falsos aportantes, para lo cual la Sala admitió documentación de la ONPE y actas de comisiones investigadoras del Congreso que acreditarían que varios de estos testigos sí reconocieron sus aportes en diligencias previas al juicio oral.Asimismo, se han admitido pruebas relacionadas con la licitud de los contratos de asesoría de Nadine Heredia con empresas como The Daily Journal y Apoyo Total, con el fin de desvirtuar la acusación de que estos servicios fueron simulados para encubrir dinero de procedencia ilícita enviado por el gobierno venezolano.Con este conjunto de pruebas, las defensas técnicas intentarán demostrar la ausencia de un incremento patrimonial injustificado y la falta de elementos que acrediten el conocimiento de los acusados sobre un presunto origen ilegal de los fondos.
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