Una embarcación de la empresa RICSA que traslada 10 500 barriles de petróleo crudo se encuentra retenida desde el pasado 12 de abril por un grupo de pobladores de la comunidad nativa Providencia, en el distrito de Trompeteros, en la región Loreto.Todo inició en el río Corrientes, aproximadamente a las 5:00 a.m., cuando al menos 25 personas, a bordo de botes tipo peque-peque, interceptaron violentamente al convoy petrolero compuesto por la barcaza Pacífico XIX, un contenedor de grandes dimensiones, y el remolcador Coseda I.Los seis tripulantes del convoy, bajo constantes amenazas, fueron obligados a desviar su curso hacia el puerto de la comunidad. Pobladores exigen un pago millonario para liberar la embarcaciónEl gerente de operaciones de la compañía RICSA, Paul Vigo, dijo a RPP que “esto no es algo nuevo”, pues indicó que la población exige un pago – al que tildó de “cupo” – o la entrega de víveres para dejar transitar a las embarcaciones.Vigo comentó que normalmente exigen el pago de entre S/ 10 000 y S/ 15 000, pero indicó que ahora exigen S/ 2 millones para liberar a la embarcación petrolera.“Es algo que ya viene ocurriendo año tras año. Siempre todas las barcazas que pasan por el río… exigen siempre un cupo, hablando vulgarmente un peaje, pagarles para poder pasar, dejarles víveres, dejarles algo, y poder seguir surcando la travesía”, comentó Vigo a ‘La Rotativa del Aire’.“Esta vez no sé qué es lo que ha sucedido, que han llegado a este punto”, agregó.El gerente comentó que han venido realizando los pagos para evitar contratiempos, pero ahora se expuso el caso tras la captura del convoy petrolero.“Ellos indican que es parte de su población, esa parte del río es parte de su población, y que nosotros tenemos, todos los que pasen por ahí, tenemos la obligación de pagarles algo a ellos para poder seguir surcando el río”, apuntó. Alertan sobre riesgos ambientalesRICSA ha indicado que la retención del petróleo sin la supervisión técnica adecuada representa un peligro inminente para el ecosistema del río Corrientes, dado que la manipulación de la barcaza por personas no capacitadas podría derivar en un desastre ecológico.Asimismo, señala que la paralización de las actividades afecta directamente el abastecimiento energético de la zona y detiene el flujo del canon petrolero que corresponde a la región Loreto. RICSA culpa a dirigentes localesLa empresa RICSA también culpa de esta medida de fuerza a Manuel Peraza Sandi, Apu de la comunidad de Providencia, como el autor mediato de los hechos, junto a otros dirigentes locales como el teniente gobernador Gary Peraza Valera y el presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Achuar y Urarinas, Isaías Saboya Mayanchi.Mientras tanto, la Fiscalía, la Policía y la Marina de Guerra del Perú llegarán este miércoles a la zona con el objetivo de dialogar con la comunidad y recuperar la barcaza petrolera.La compañía ya ha formalizado denuncias por secuestro, extorsión, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos ante la Fiscalía Provincial Penal de Nauta.
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