La reciente dimisión de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ha generado preocupación respecto de las consecuencias institucionales a mediano plazo. Para Víctor Velázquez Javier, especialista en Derecho Electoral, esta salida representa un grave riesgo para la estabilidad del sistema democrático.Al respecto, Velázquez analizó el impacto de la crisis logística ocurrida en las elecciones del 12 de abril y cuestionó la forma en que se produjo la salida del titular de la ONPE.»Más que legal o no legal, yo considero que es peligroso. Porque, así como el día de ayer ha renunciado el jefe de la ONPE, nada impediría que el día de mañana pueda renunciar también el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)», dijo en Ampliación de Noticias de RPP.Velázquez explicó que la condición de «irrenunciabilidad» que la ley otorga a estos altos cargos no es un capricho, sino una medida diseñada estrictamente para proteger el proceso electoral frente a coyunturas de alta polarización política. «No se defiende a la persona, se defiende al cargo», enfatizó. El debido proceso: destitución y renunciaEl abogado reconoció que durante la jornada electoral se registraron «irregularidades operativas graves», como la falta de material electoral y el retraso en la apertura de locales de votación. Sin embargo, precisó que el camino legal correcto no era forzar una renuncia exprés, sino seguir el debido proceso.»La Ley Orgánica de la ONPE establece un procedimiento para este tipo de irregularidades, que es la destitución. Es lo que debió haber procedido por parte de la JNJ, con todo el debido proceso, aunque tome más tiempo», indicó.Además, advirtió que la actual asunción del gerente general de la ONPE como jefe interino no solucionará la crisis de desconfianza, puesto que dicho funcionario también pertenece a la gestión administrativa cuestionada, lo que prolongará la incertidumbre. Descartan nulidad y elecciones complementariasEn otro momento, Velázquez abordó las demandas de diversas fuerzas políticas que exigen la nulidad del proceso o la convocatoria a nuevas votaciones tras las fallas de la ONPE y las medidas excepcionales tomadas por el JNE.Al respecto, el experto fue categórico al señalar los límites constitucionales actuales y recordó que la Constitución de 1993 eliminó las «graves irregularidades» como causal para anular un proceso electoral. Actualmente, la única forma legal de declarar una nulidad total es que los votos blancos y viciados superen los dos tercios (2/3) de los votos emitidos.En tanto, sobre la propuesta de convocar a los ciudadanos que no pudieron votar a elecciones complementarias, el especialista aclaró que esta figura jurídica existe en la normativa peruana, pero es de aplicación exclusiva para las elecciones municipales, no para elecciones generales.Finalmente, el especialista concluyó que, aunque el JNE y la ONPE evidenciaron una grave falta de coordinación que afectó la legitimidad del proceso, la legalidad de este se mantiene intacta dentro de los márgenes de la Ley Orgánica de Elecciones, por lo que las agrupaciones políticas deberán respetar la decisión final que adopte el máximo tribunal electoral.
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