La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país de siete investigados, entre funcionarios y exfuncionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) además del representante de la empresa Gálaga. El caso gira en torno al servicio de transporte de carga para el despliegue y repliegue del material electoral a nivel nacional, cuyo contrato fue adjudicado por S/ 6 368 332,70 a la empresa Servicios Generales GALAGA S.A.C.Según el fiscal Raúl Martínez durante el proceso de contratación se habrían manipulado reglas técnicas y decisiones administrativas para favorecer a ese proveedor, generando un presunto perjuicio económico al Estado y configurándose el presunto delito de colusión.Este jueves 30 de abril el fiscal anticorrupción, Reynaldo Abia, sustentará la solicitud ante el Poder Judicial. El pedido fiscal de impedimento de salida del país alcanza a:Piero Alessandro Corvetto Salinas, ex jefe de la ONPEJosé Edilberto Samamé Blas, ex gerente de Gestión ElectoralJuan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral (suspendido)Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente de la empresa Servicios Generales GALAGA S.A.C.Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, asistente de la Subgerencia de Producción ElectoralWilliam Martín García Velásquez, vinculado al área usuaria del servicioLilia Flores Bancho, integrante del comité evaluador del procesoPara la Fiscalía, estas personas habrían intervenido en distintas etapas del proceso de contratación, desde la elaboración del requerimiento hasta la evaluación de las propuestas.
Fuente: ONPE
El rol que habría tenido cada investigado 1.Piero Alessandro Corvetto SalinasCargo: ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).La Fiscalía sostiene que, en su condición de máxima autoridad de la entidad, habría tenido un rol decisivo en la aprobación del marco normativo que reguló la contratación investigada. El documento fiscal señala que Corvetto firmó los lineamientos para la contratación de bienes y servicios requeridos por la ONPE para los procesos electorales de 2026, los cuales habrían introducido reglas que limitaron mecanismos de impugnación en la etapa de evaluación.Según el Ministerio Público, estas reglas habrían facilitado que la adjudicación se mantuviera sin cuestionamientos.“Se establecía de manera inusual que los postores no pudieran presentar ningún tipo de recurso impugnatorio”.
Fuente: Ministerio Público
2. José Edilberto Samamé BlasCargo: ex gerente de Gestión Electoral de la ONPE.La Fiscalía sostiene que José Samamé participó en la formulación del requerimiento del servicio de transporte electoral, el cual fue gestionado desde la Gerencia de Gestión Electoral en coordinación con la Subgerencia de Producción Electoral.Según el documento, esta gerencia era responsable de proponer y coordinar el traslado y despliegue del material electoral necesario para el proceso de votación. En ese marco, el requerimiento fiscal señala que Samamé habría coordinado con el entonces subgerente de Producción Electoral, Juan Antonio Phang Sánchez, las condiciones técnicas del servicio que posteriormente sería licitado.Además, la Fiscalía sostiene que desde su área se habrían flexibilizado los términos del proceso: “Como área usuaria, flexibilizó —en desmedro de los intereses del Estado— los Términos de Referencia, permitiendo que el proveedor no cuente con vehículos propios que aseguren el servicio”, se señala en el documento.
Fuente: Fiscalía
3. Juan Antonio Phang SánchezCargo: subgerente de Producción Electoral de la ONPE. (suspendido)La Fiscalía lo considera uno de los principales actores operativos del proceso de contratación.Entre las funciones que se le atribuyen están:proponer y coordinar el traslado y repliegue del material electoral,elaborar los términos de referencia del servicio,participar en la evaluación técnica del proceso. Según el expediente, Phang también habría tenido comunicación directa con funcionarios y con el proveedor, lo que para la Fiscalía constituye un indicio de concertación. Además, habría firmado documentos vinculados a la ejecución del contrato.
Fuente: Ministerio Público.
4. Juan Charles Alvarado PfuyoCargo: gerente general de Servicios Generales GALAGA S.A.C.Es el representante de la empresa que obtuvo el contrato investigado. La Fiscalía sostiene que habría coordinado con funcionarios de la ONPE para que su empresa sea favorecida en el proceso de contratación. Su empresa terminó obteniendo un contrato por S/ 6 368 332,70 para el transporte de material electoral. 5. Hilda Elizabeth Otoya AlvaradoCargo: asistente de Distribución II en la Subgerencia de Producción Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)El documento fiscal indica que la funcionaria habría estado involucrada en la gestión de información vinculada a los vehículos y conductores asignados por la empresa para la ejecución del servicio. Según el documento fiscal, estas coordinaciones se realizaron en el marco de la ejecución del contrato adjudicado a Servicios Generales Galaga S.A.C., empresa encargada del transporte de carga electoral a nivel nacional.El requerimiento indica que estas acciones permitieron mantener una comunicación directa entre la entidad electoral y el proveedor encargado del servicio logístico.
Fuente: Ministerio Público
6. William Martín García VelásquezCargo: representante del área usuaria en el proceso de contratación.Según el documento fiscal, García Velásquez habría tenido participación directa en la evaluación técnica de las propuestas económicas, así como en la aplicación de un criterio de cálculo que terminó favoreciendo a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.El requerimiento fiscal precisa que William García Velásquez participó en la certificación de la presentación de propuestas económicas, documento en el que también intervino Lilia Flores Bancho, representante de la Subgerencia de Logística. Según el Ministerio Público, en ese documento se incluyó la aplicación del criterio de cálculo que descontaba los metros correspondientes a la cabina del vehículo.“Los representantes de ONPE indican que se descontó los metros a lo largo de la unidad que corresponde a la cabina de la unidad donde se encuentra el conductor (…) Este criterio permitió disminuir el puntaje a Galaga SAC”.
Fuente: Ministerio Público
7. Lilia Flores BanchoCargo: especialista en contrataciones de la ONPE.De acuerdo con el documento fiscal, Flores Bancho integró el comité evaluador encargado de revisar las propuestas presentadas por las empresas postoras y tuvo participación directa en la etapa decisiva del proceso de selección. Su intervención, según el Ministerio Público, se produjo en tres momentos clave del procedimiento: la evaluación técnica de las ofertas, la firma del acta de análisis y verificación de propuestas y la adjudicación de la buena pro. En ese proceso, la Fiscalía sostiene que se aplicaron criterios técnicos cuestionados que terminaron influyendo en el resultado final de la evaluación.Según la tesis de la Fiscalía, la actuación de los funcionarios involucrados no habría sido aislada, sino parte de un presunto esquema de concertación entre funcionarios públicos y el proveedor privado: “Los hechos permiten advertir la existencia de una concertación entre los funcionarios encargados del proceso de evaluación y el postor beneficiado”.Para el Ministerio Público, esta presunta concertación habría permitido manipular criterios técnicos y condiciones del proceso de selección con el objetivo de beneficiar a la empresa adjudicataria.
Fuente: Ministerio Público
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La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
