Contraloría notifica a ONPE sobre acciones de control por presuntas irregularidades en contratación de transporte de material y equipos electorales

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La Contraloría General de la República (CGR) dispuso la realización de un servicio de control específico ante presuntas irregularidades detectadas en el proceso de contratación de servicios logísticos para la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).En un oficio remitido al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se indica que la intervención se centra específicamente en el «Proceso de Contratación del Servicio de Transporte y Distribución del Material y Equipos Informáticos Electorales en Lima Metropolitana y Callao», en el marco de la preparación para las elecciones generales 2026. El vicecontralor de Control Gubernamental, Janes Edgardo Rodríguez López, notificó formalmente al jefe del ente electoral sobre la acreditación de la comisión encargada de esta auditoría. Para liderar estas acciones, la Contraloría ha designado a un equipo especializado integrado por Maribel Amelia Almanza Guillén y Soledad Vilcapoma Ramos, supervisora y jefa de la comisión de control, respectivamente. Según el documento, este tipo de servicio de control tiene como finalidad ejercer una fiscalización gubernamental «puntual y abreviada» sobre el proceso de contratación del servicio de transporte.La Contraloría General de la República solicitó a la ONPE brindar todas las «facilidades del caso» para que las funcionarias puedan realizar su labor de manera efectiva.En otro oficio, remitido por la jefa del OCI ONPE, María Idrogo Díaz, se comunica a Corvetto que se ha dispuesto realizar una visita de control para verificar el «repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio a Lima Metropolitana»Y para tal efecto se ha designado a las María Bertilda Idrogo Díaz y Kandy de La Cruz Ccora, supervisora y jefa de la Comisión de Control, respectivamente, para realizar dicho servicio.Se añadió que la finalidad de esta intervención es contribuir oportunamente con la eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado.

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