El retraso en la distribución del material electoral durante las Elecciones Generales del 12 de abril no solo generó malestar en miles de votantes. También ha dejado serias dudas sobre cómo se eligió a la empresa encargada del transporte.Según el documento del proceso de contratación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE eligió a Gálaga S.A.C. pese a que había otras dos opciones: Hermes Transportes Blindados y el Consorcio AFE conformado por cinco empresas que son AFE Service, Grupo Panamundо J&J Transportes y Soluciones Integrales, Coral Logística Terrestre y LyTt Logística Soluciones Integrales.La empresa Gálaga era la opción más cara: su propuesta fue de 6.3 millones de soles. Por encima de Hermes, con 6.2 millones y bastante más que el Consorcio AFE, con 5.8 millones.¿Entonces por qué ganó? La clave estuvo en la capacidad de carga de los camiones. Gálaga obtuvo el puntaje perfecto, mientras sus competidores quedaron atrás.Las empresas que perdieron cuestionaron esta evaluación y aseguraron que la ONPE habría aplicado criterios distintos a los establecidos en las bases, como restar dos metros al tamaño de la cabina del vehículo, sin que eso estuviera contemplado en los Términos de Referencia.Hermes, en particular, sostuvo que la capacidad de carga debía calcularse únicamente con la información de la tarjeta de circulación de cada unidad.RPP pudo verificar que las condiciones del concurso precisan que la capacidad de los camiones debía calcularse en base a datos consignados en la tarjeta de propiedad del vehículo y debía acreditarse con la tarjeta única de circulación de las unidades. No se menciona ningún otro criterio adicional.¿Se puede cambiar el criterio de evaluación en un proceso de contratación? Carla Gaviño, especialista en contrataciones con el Estado,es enfética en que esta situación no es posible. “No, no puede. Justamente la razón de ser de que existan unas bases, de que existan términos de referencia, es que todas las empresas que participan y que son postoras en el proceso puedan conocer qué es lo que tienen específicamente que ofertar y bajo qué condiciones van a ser evaluados por la entidad, de manera que aspectos sorpresas que no hayan sido previamente comunicados y conocidos por las partes antes del inicio del proceso de selección, son temas que no deberían presentarse”, precisó. Así, la ONPE dio luz verde a una empresa que la misma entidad había sancionado tres veces anteriormente.Un dato no menor, es que la ONPE y todas las entidades del sistema electoral pueden hacer procesos de contratación con sus propias reglas, porque están exonerados de la Ley de Contrataciones para los procesos electorales de este año. Pero esto, no quita la responsabilidad de hacer cumplir y respetar los Términos de Referencia de los contratos.ONPE también tiene responsabilidad en retrasosEl día de la elección, la ONPE responsabilizó a Gálaga por los retrasos. Pero la Contraloría General de la República también encontró fallas en la propia institución. Según su informe, el organismo electoral no cumplió con los horarios previstos. El material debía salir entre el 10 y 11 de abril, pero incluso el mismo domingo de las elecciones hubo camiones que partieron recién al amanecer. «Cuando nos hemos constituido el domingo ante el personal de la ONPE, porque es el personal de la ONPE el que nos suministra información, verificamos que había vehículos que salieron recién a las 5:51 de la mañana, vehículos que tenían almacenado material tecnológico que iba a ser usado para el procesamiento de las actas», afirmó el asesor legal de la Contraloría, Guzman Vera.¿La razón del retraso? Demoras en el embalaje, falta de personal y cambios de rutas sin sustento documentado.Además, la empresa Gálaga cambió conductores después de ser aprobados y algunos tenían papeletas consideradas muy graves.Al final, los más afectados fueron los ciudadanos que asistieron a votar y no lograron hacerlo. Lo que debió ser una fiesta democrática, terminó marcado por retrasos y cuestionamientos
