El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó este lunes una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y otros funcionarios de su institución, debido a las graves demoras e irregularidades en la instalación de mesas de votación durante la jornada electoral del domingo anterior.La acción legal se fundamenta en los presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y la obstaculización del desarrollo del acto electoral, tras reportarse que más de 52 mil ciudadanos no pudieron sufragar en diversos distritos de Lima.En declaraciones al programa Conexión de RPP, el procurador público del JNE, Ronald Angulo, indicó que esta denuncia no responde a una responsabilidad política, sino a un mandato constitucional incumplido que afectó la logística del proceso.
De acuerdo a Angulo, el sustento principal de la denuncia radica en el Artículo 182 de la Constitución Política, el cual establece las funciones específicas del jefe de la ONPE respecto a la organización y ejecución de los procesos electorales. El procurador enfatizó que la norma es clara al señalar que al titular de dicho organismo le corresponde directamente asegurar el suministro del material electoral, por lo que cualquier quiebre en esa cadena de mando conlleva una responsabilidad legal primaria.Además, señaló que la normativa le asigna al jefe de la ONPE la titularidad de estas acciones, lo que impide que los hechos sean vistos únicamente como fallas de mandos medios o administrativos.
«Ese artículo (182) precisa que el jefe de la ONPE le corresponde la organización y la ejecución de los procesos electorales y que también tiene que ver con la elaboración de la cédula, también lo que corresponde al suministro del material electoral», puntualizó Ronald Angulo.
La vía penal ante la ausencia de procesos administrativosUn aspecto técnico relevante aportado por la procuraduría del JNE es que la denuncia penal sería la única vía para establecer sanciones efectivas contra el titular de la ONPE. Debido a la alta jerarquía del cargo, Corvetto no puede ser sometido a un proceso administrativo sancionador convencional, como sí ocurriría con otros empleados públicos de menor rango.»Al jefe (de la ONPE) no se le puede abrir un procedimiento administrativo sancionador como sí puede ocurrir con otros funcionarios de menor jerarquía», dijo el procurador del JNE a Conexión. En ese sentido, de acuerdo a Angulo, el JNE considera necesario que el Ministerio Público intervenga para determinar si las «irregularidades» tienen una connotación penal, dejando la posible connotación política en manos del Congreso de la República o de la Junta Nacional de Justicia.Fallos logísticos y comunicación tardíaLa denuncia también alcanza a los gerentes de Organización Electoral, Administración y Gestión Electoral de la ONPE, así como al representante legal de la empresa de transportes Galaga SAC.Según el JNE, existió una negligencia al no fiscalizar debidamente la capacidad operativa de dicha empresa, la cual días antes del proceso buscaba alquilar vehículos pequeños de manera improvisada para cumplir con el reparto.Además, el procurador indicó que los fiscalizadores del JNE no pudieron alertar sobre el desabastecimiento con antelación porque la ONPE recién comunicó los retrasos el mismo día de la elección, cuando los locales ya debían estar abiertos al público.Garantías para la segunda vuelta electoralA pesar del enfrentamiento legal, el procurador del JNE aseguró que el proceso electoral continuará su curso para la segunda vuelta bajo el esquema de «cuerdas separadas». Esto significa que, mientras las investigaciones fiscales avanzan contra los funcionarios denunciados, ambas instituciones mantendrán la articulación necesaria para garantizar que los próximos comicios se desarrollen con normalidad.»No hay ningún inconveniente para que los dos organismos sigan articulando, justamente para que se lleve a cabo con absoluta normalidad y sin estas irregularidades la segunda vuelta», dijo el representante del JNE.
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