El Ministerio Público ejecutó este viernes una orden de allanamiento con fines de incautación, además del registro domiciliario y personal, en 25 inmuebles ubicados en diferentes puntos de Lima Metropolitana y otro en Huánuco, en el marco de las diligencias que se siguen por la presunta contratación irregular de 5 mujeres en diversos rubros del Estado, tras visitar a José Jerí en el Despacho Presidencial, cuando ejercía como jefe de Estado.Los operativos estuvieron a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que investiga a 18 funcionarios públicos, además de las 5 personas supuestamente favorecidas, por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado. En ese sentido, se investiga, en calidad de autores, a José Manuel Ramos Aliaga, Christian Antonio Flores Magino, Sonia Mily León Rivera, Joshua Raúl Quiroz Zevallos, Mauro Melgar Ríos, Galo Omar Díaz Melendez, Edgar Anddy Sánchez de la Cruz, Yasmin Ivonne Meléndez Fiestas de Galdo, Luis Alvaro Solórzano Yabar, Luis Avelardo Vera Tafur, Antuhanedt Erica Leandro Reyes, Mirelia Liz Cano Gutiérrez, Doris Lorena Gavilano Iglesias, Magali Ella Meza Mundaca, Royer Azañero Álvarez, Benito Roberto Villanueva Haro, Hernan Piero Cuba García, y José Antonio Torrico Obando.Además, en calidad de cómplices primarias, a Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraún Rojas, Violeta Emperatriz Beas Otero, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, y Alicia Alexandra Camargo Leyva, quienes habrían resultado favorecidas irregularmente por los referidos funcionarios.Según se consigna en la resolución judicial que autorizó la medida -a la que RPP tuvo acceso- el Ministerio Público investiga «un patrón sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas y designaciones funcionales», el cual involucraría a diversos funcionarios «de alto y medio nivel» de entidades públicas como ministerios, el Despacho Presidencial y EsSalud, los cuales «habrían instrumentalizado sus cargos para favorecer reiteradamente a determinadas personas». ¿Qué hechos investiga la Fiscalía?Según la resolución de la Corte Suprema que autorizó los allanamientos, el presunto delito de negociación incompatible por el cual se investiga a los implicados se materializaría en 5 hechos que involucran a los funcionarios con las supuestas favorecidas. El hecho en común serían las visitas a Jerí Oré en el Despacho Presidencial, muchas de ellas hasta altas horas de la noche. El primer hecho implica a Ledy Guadalupe Vela Ramirez, quien habría sido favorecida con órdenes de servicio en el Ministerio de la Producción (Produce), durante el primer semestre de 2025 y tras «la visita efectuada por el entonces congresista de la República [José Jerí] al Despacho Ministerial» de Produce. Para ello, funcionarios como José Manuel Ramos Aliaga, en su condición de jefe de la Unidad de Gestión de Servicios Empresariales de dicho ministerio, habrían «activado la tramitación» necesaria para contratar sus servicios.Posteriormente, el 1 de noviembre pasado, Vela Ramírez visitó el Despacho Presidencial «desde las 18:48 hasta las 23:56 horas». Unos días después, el 20 de ese mes, la investigada obtuvo una orden de servicios en EsSalud, por un monto ascendente a S/6 330; y 8 días después obtuvo un contrato de locación de servicios FAG en el Ministerio del Ambiente (Minam), el cual habría sido solicitado por Galo Omar Díaz Meléndez, en su condición de jefe del Gabinete de Asesores de dicho sector. El segundo hecho involucra a Rubiel Cristina Beraún Rojas, quien también visitó el Despacho Presidencial el 1 de noviembre de 2025, desde las 18:48 hasta las 23:56 horas. Luego de ello, obtuvo dos órdenes de servicio -el 20 de ese mes y el 23 de enero de este año- en el mismo Despacho Presidencial, en el primer caso por S/6 500 y, en el segundo, por S/15 000.Según la Fiscalía, Beraún sería cómplice del delito, ya que «desde las primeras fases del proceso contractual», presentó «cotizaciones inmediatas y coincidentes con los Términos de Referencia elaborados por el área usuaria, lo que permitió viabilizar contrataciones y consolidar un esquema de asignación dirigida».El tercer hecho se relaciona con Violeta Emperatriz Beas Otero, quien registró su ingreso al Despacho Presidencial el pasado 1 de noviembre, «siendo atendida por el señor José Enrique Jerí Oré, presidente de la República, permaneciendo en dicha institución desde las 20:35 hasta las 23:50 horas».Poco más de un mes después de esa visita, el 24 de diciembre, Beas Otero fue designada en el cargo de Secretaria Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación (Minedu), lo cual, según la Fiscalía, habría requerido la intervención indebida de Doris Lorena Gavilano Iglesias, secretaria general del sector; y, Magali Ella Meza Mundaca, jefe de la Oficina General de Recursos Humanos.
El cuarto hecho involucra a Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, quien «registra ingresos al Despacho Presidencial los días 20, 24 y 28 de octubre de 2025, consignándose como motivo de visita ‘reunión de trabajo’, con José Enrique Jeri Oré». Asimismo, la investigada se reunió los pasados 31 de octubre y 3 de noviembre, con Royer Azañero Álvarez, de la Secretaría General del Despacho Presidencial.Tras esas reuniones, Melgarejo Sánchez obtuvo dos órdenes de servicio con el mismo Despacho Presidencial: la primera, el 4 de noviembre, por S/11 000; y la segunda, el 26 de enero de este año, por S/16 000. Esta última para prestar el “servicio de asistencia técnico-legal y coordinación institucional para el Gabinete de Asesores de la Secretaría General» del referido despacho.Además, el Ministerio Público destaca que la investigada, para obtener su segunda orden de servicios, presentó su propuesta técnica-económica «en un lapso menor a veinte (20) minutos desde la recepción del correo electrónico» de invitación para participar en el proceso, «circunstancia que evidencia una inusual celeridad en la presentación de la propuesta».»La participación de Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez se evidencia desde las primeras fases del proceso contractual, al presentar cotizaciones inmediatas y coincidentes con los Términos de Referencia elaborados por el área usuaria, lo que permitió viabilizar contrataciones y consolidar un esquema de asignación dirigida. Su intervención no fue pasiva, sino que se adecuó y contribuyó al diseño funcional trazado por los funcionarios del Despacho Presidencial», refiere la Fiscalía. Finalmente, el quinto hecho implica a Alicia Alexandra Camargo Leiva, quien se reunió con José Jerí en el Despacho Presidencial, el 14 de octubre pasado, desde las 20:00 hasta las 22:50 horas. Al día siguiente, José Antonio Mariano Torrico, ejecutivo de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial, habría solicitado la contratación de un locador de servicios FAG, para que «brinde apoyo en el desarrollo de las actividades oficiales» del entonces presidente Jerí. Dos días después de la solicitud, Camargo Leiva suscribió un contrato para ocupar ese cargo con Yazmín Ivonne Meléndez Fiestas de Galdo, jefa de la Oficina General de Recursos Humanos del Despacho Presidencial. Esto con honorarios mensuales de S/10 000, hasta diciembre de 2025. No obstante, el contrato se prorrogó hasta el 31 de marzo de este año. Sin embargo, la Fiscalía detectó «una notoria discordancia en cuanto a la exigencia de experiencia mínima requerida» para ejercer ese cargo, comparándola con los otros puestos referidos en el Manual de Perfiles de Puestos del Despacho Presidencial.»Así se advierte que, mientras que para el cargo de ejecutivo(a) de la Oficina de Protocolo se exige siete (7) años de experiencia general y cinco (5) años de experiencia específica, y para el cargo de especialista de Protocolo cinco (5) años de experiencia general y tres (3) años de experiencia específica, el perfil establecido para el Locador FAG ocupado por Alicia Alexandra Camargo Leiva únicamente requirió tres (3) años de experiencia general y dos (2) años de experiencia específica, pese a que […] las actividades asignadas guardan sustancial similitud», indica el Ministerio Público.»En el presente caso, el perfil aprobado para la contratación de la locadora FAG no solo no superaría los requisitos previstos para los cargos estructurales comparables, sino que los reduciría, lo que constituye una sospecha de posible adecuación del perfil a una persona determinada con menores exigencias formales», agrega.
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