Gobierno prorroga por 60 días el estado de emergencia en Pataz para combatir la minería ilegal

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El Gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, por un periodo de 60 días calendario. La medida, que entrará en vigencia a partir del lunes 6 de abril de 2026, busca hacer frente al accionar del crimen organizado y las mafias vinculadas a la minería ilegal que operan en la zona.A través del Decreto Supremo Nº 049-2026-PCM, publicado con la firma del presidente de la República, José María Balcázar, y el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se establece que el control del orden interno continuará a cargo de las Fuerzas Armadas, contando con el respaldo y apoyo táctico de la Policía Nacional del Perú (PNP). Toque de queda y restriccionesEl decreto también ratifica la continuidad del toque de queda en el distrito de Pataz. Esta restricción regirá desde las 22:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente.Durante este horario, el tránsito estará restringido, exceptuando al personal estrictamente necesario que participe en la prestación de los servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, recojo de residuos y servicios funerarios.Asimismo, se precisa que las farmacias y boticas podrán seguir brindando atención, y se permitirá el desplazamiento, ya sea peatonal o en vehículo particular, de aquellas personas que requieran atención médica urgente o necesiten adquirir medicamentos.Derechos constitucionales suspendidosDurante los 60 días que dure esta prórroga de la declaratoria de emergencia se mantendrá la suspensión del ejercicio de ciertos derechos constitucionales en toda la provincia de Pataz. La norma detalla que estas restricciones aplican directamente a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, así como a la libertad y seguridad personales.Finalmente, el documento señala que las intervenciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deberán realizarse en estricto cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los protocolos vigentes para la protección de personas en condición de vulnerabilidad. Al culminar el plazo, el Comando Unificado de Pataz (CUPAZ) deberá presentar un informe detallado de sus acciones y resultados ante el Ministerio de Defensa.

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