La administración del presidente Donald Trump ha ordenado a la Embajada de Estados Unidos en Madrid iniciar una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon la muerte por eutanasia de Noelia Castillo, una joven de 25 años que falleció la semana pasada en Sant Pere de Ribes, Barcelona, según informe del diario estadounidense New York Post (NYP).La medida responde a la filtración de un cable diplomático, obtenido en exclusiva por el medio neoyorquino, en el cual el Departamento de Estado instruye a sus funcionarios en España para recabar información sobre la gestión judicial y policial de las agresiones sexuales sufridas por la víctima antes de su muerte. El gobierno estadounidense ha manifestado su preocupación ante lo que califica como fallos en el sistema de protección a personas vulnerables y dudas razonables sobre la aplicación de la ley de muerte asistida en casos vinculados a trastornos psiquiátricos.
“Nos preocupa profundamente la denuncia de que la Sra. Castillo fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones mientras estaba bajo la tutela del Estado y que ningún culpable ha sido llevado ante la justicia», dice el cable diplomático de acuerdo al NYP.El cuestionamiento a la seguridad y las leyes españolas
El Departamento de Estado ha solicitado a los diplomáticos estadounidenses en Madrid que transmitan al Gobierno de España sus serias dudas sobre la aplicación de la Ley de Eutanasia de 2021, especialmente tras supuestos reportes que indicarían que Castillo pudo haber manifestado dudas momentos antes de la intervención. El caso de la joven, quien quedó parapléjica tras un intento de suicidio previo, ha generado un debate sobre si el Estado español garantizó adecuadamente sus derechos fundamentales frente a los traumas derivados de múltiples agresiones sexuales sufridas antes de cumplir los 21 años.
“También tenemos conocimiento de informes que indican que la Sra. Castillo expresó reticencia a someterse a la eutanasia en sus últimas horas, pero que estas señales fueron ignoradas”, continúa el documento del Departamento de Estado. La información obtenida de forma exclusiva por el New York Post revela que Washington vincula la falta de justicia en las agresiones sufridas por Castillo con la gestión de las políticas migratorias en España. El cable diplomático sugiere que los presuntos agresores podrían ser individuos con antecedentes migratorios, lo que ha llevado a la administración Trump a calificar la facilitación de la migración masiva e ilegal como una amenaza directa a los derechos y libertades de los ciudadanos españoles y a la seguridad regional.
El periplo judicial y la postura de las organizaciones
A pesar de la intervención de la justicia internacional y la lucha legal de 18 meses emprendida por el padre de la joven para detener el procedimiento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó las apelaciones de emergencia a principios de marzo, permitiendo que se cumpliera la voluntad de la paciente. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña validó el proceso asegurando que se cumplieron todos los preceptos legales y que la decisión de Castillo se mantuvo firme desde abril de 2024, desestimando cualquier falta de capacidad cognitiva.
La administración Trump ha puesto como fecha límite el 3 de abril para que los funcionarios de la embajada comuniquen estas preocupaciones formalmente a las autoridades españolas, mientras solicitan detalles específicos sobre la identidad y el estatus migratorio de quienes habrían agredido a Castillo en el pasado.
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