El postulante al Senado por Fuerza Popular (FP), Miguel Torres, criticó que su agrupación política asuma el costo de más de S/ 17 millones por copias certificadas de las listas de electores de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2021.Torres se pronunció así sobre el fallo del Poder Judicial (PJ) que ordenó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregar la citada información electoral a la agrupación fujimorista, que hace casi cinco años denunció un presunto fraude en los comicios que ganó Pedro Castillo, entonces candidato de Perú Libre.El ente electoral informó que acatará el fallo y entregaría la información en formato digital; sin embargo, indicó que las listas físicas – que comprenden más de 2.5 millones de páginas que deberán ser certificadas – implican un costo de más de S/ 17 millones que, según la resolución judicial, deberán ser asumidas por la parte demandante.El también candidato a la segunda vicepresidencia de la República dijo que, si bien el PJ tardó mucho tiempo en darle “la razón” a FP, hay algunas “trabas” y “obstáculos” para que la organización liderada por Keiko Fujimori acceda a la información. “La verdad es como que uno dijera, ok, pero ¿y así? ¿De qué manera sirve? Me hace pensar mucho en los emprendedores, ¿no? Cuando le dices, oye, puedes hacer tus actividades, pero tienes que cumplir con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, veinte requisitos para poder lograrlo. Eso es lo que sentimos nosotros”, cuestionó en Ampliación de Noticias. Fuerza Popular apelará el falloAsimismo, Torres anunció que apelaran el fallo al insistir en que se trata de una “barrera” que impide esclarecer dudas sobre presuntas irregularidades en el anterior proceso, como suplantaciones o votos de personas fallecidas.“Acá no es un tema de caprichos, no es un tema que queramos retroceder al pasado. Creo que lo que estamos buscando son hitos importantes en miras de esta y las próximas elecciones”, manifestó.Al ser consultado sobre si esta insistencia es una estrategia para alegar nuevamente un fraude en las elecciones del 12 de abril, Torres respondió: “El pedido de información fue hace cinco años. O sea, eso también nos demuestra cómo está nuestro sistema de justicia”.Finalmente, criticó la lentitud del sistema judicial del Perú, señalando que fue un “vía crucis” la resolución de una garantía constitucional que, a su juicio, debería ser rápida y no haber tardado en resolverse.
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