El fiscal de prevención del delito, Luis Torres Tapia, ejecutó un operativo en 16 estaciones de servicio, ubicadas en el distrito fiscal de Lima Centro, abarcando desde el Rímac hasta Barranco.
En una entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP TV, dijo que la intervención buscó identificar y mitigar riesgos asociados a delitos que afectan el bolsillo de los ciudadanos en medio de la crisis energética actual, tras la fuga registrada en el yacimiento de Camisea, en la región de Cusco.
«El mensaje debe ser clarísimo para todos los actores económicos: hay unos principios constitucionales de libertad de empresa y una economía social de mercado, pero deben recordar que ningún derecho fundamental es absoluto. No se puede lucrar con una situación de desesperación en un estado de emergencia», dijo.
Torres Tapia indicó que las autoridades centraron su inspección en dos figuras penales: el acaparamiento y la especulación. En el caso del primero, apuntó, se verificó mediante sistemas de telemetría y medición con varillas que el stock de combustible no fuera retenido estratégicamente. “Generar esa sensación de escasez, guardarlo y luego, como aprovecho esta situación, lo vendo a un sobreprecio”, explicó.
Respecto a la especulación, el fiscal sostuvo que el control se enfocó en los precios de venta al público y su relación con los costos operativos de las empresas. Para Luis Torres, un salto injustificado en el margen de ganancia —de un 20 % a un 70 %, por ejemplo, durante la emergencia— constituye un indicio de este delito.
“El mensaje es a los demás grifos… que no deberían existir estos cambios que no tengan justificación alguna, arbitrarios e irrazonables, que jueguen con la desesperanza de las personas que viven de este abastecimiento de combustible”, remarcó.
Además, el fiscal de prevención del delito advirtió que, cualquier indicio de concertación ilícita o abuso de poder económico para distorsionar el mercado, podría derivar en sanciones penales bajo el artículo 232 del Código Penal.Según informó el Ministerio Público a través de sus redes sociales, el registro de los grifos donde se observe posibles irregularidades en la venta de combustible será remitido a la fiscalía penal correspondiente para que actúe de acuerdo a sus atribuciones.
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