El próximo debate en el Pleno sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta finales de 2027, tras el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas, ha dividido posturas dentro del Congreso de la República. Ante ello, el analista político Iván Arenas sostuvo que existe «capacidad operativa y técnica» para que esta prórroga se dé solo por seis meses más.En diálogo con RPP, Arenas también señaló que la propuesta de la comisión incluye iniciativas como la derogación de la exclusión de más de 50 mil mineros informales del registro, así como la apertura a que más mineros puedan inscribirse. Para el especialista, estas normativas «retrocederán diez años el proceso de formalización».»Yo creo que seguimos pateando el problema. Yo creo que Reinfo, no solamente lo digo yo, sino además la gente que está involucrada en esto. Reinfo no sirve porque básicamente el Estado fracasó en un instrumento que no sirve para la formalización, un instrumento en el que ha llegado a su fin», remarcó.Para Arenas, dicha exclusión fue, en realidad, el fin del plazo para que los miles de mineros excluidos puedan acceder a la formalización. «No lo han hecho básicamente por desidia, porque no levantaron nunca las observaciones y eso es responsabilidad definitivamente de ellos. Entonces aquí no existe ningún proceso de exclusión», aseveró.Frente a este escenario, Arenas consideró que el Ministerio de Energía y Minas debe responder con iniciativas propias que ofrezcan una alternativa para la formalización minera. Para el analista, la capacidad del Minem para actuar frente al Reinfo ha sido «rebasada» debido a la existencia de un «cuello de botella» técnico en el proceso de formalización.»¿Por qué ha surgido esto? Básicamente, porque no ha habido contratación de personal, porque en el tránsito del señor Montero al señor Bravo, en el tránsito del Gobierno de Dina Boluarte al Gobierno de Jerí, lo que hemos tenido básicamente es que se ha dejado este proceso técnico», remarcó.Motivaciones políticasPor otro lado, consultado sobre la motivación política de las bancadas a favor de la extensión del Reinfo, Arenas apuntó a que estas agrupaciones verían a la minería informal «con una posibilidad de financiamiento» y apoyo político de cara a las Elecciones 2026.»Se dice que existen aproximadamente 400 o 500 000 familias o personas, o cabezas de familia dedicadas a esto, que serían aproximadamente un millón de votantes. No se sabe exactamente cuál es el número, pero aproximadamente, entendiendo además que la minería existe y se hace en todas las regiones, se entiende que es un número importante», dijo.Según Arenas, el movimiento de dinero en la minería ilegal, -aproximadamente entre 10 mil a 12 mil millones de dólares al año-, ronda el mercado informal «tratando de lavarse en el mercado formal, y eso, evidentemente, va a ir a la política».Para evitar la intervención de la minería ilegal en las decisiones de los políticos de cara al 2026, Arenas consideró que los partidos deben firmar un pacto contra esta influencia.»Aquí los políticos deben darse cuenta de una cosa. Deben darse cuenta de que en juego está la supervivencia del país, pero además de eso, ellos tienen que tomar acciones. Y esas acciones son acuerdos entre todos los partidos, llamo yo, para poder evitar la infiltración o la influencia de la minería ilegal en los procesos electorales que se vengan», comentó.
















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