En un hecho que ha encendido las alarmas internacionales sobre la independencia judicial en el Perú, expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron enérgicamente la remoción del cargo del juez Oswaldo Ordóñez Alcántara.En un comunicado, Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y
Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, señalaron que la decisión tomada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reprsenta una «represalia» directa por la participación del magistrado en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y advirtieron que la magnitud de este caso «afecta a todos y todas las juezas del país». El juez Ordóñez, quien se desempeñaba como presidente de la Sala Primera de lo Constitucional de Lima, intervino en noviembre de 2024 ante la CIDH para exponer la situación de la independencia de los órganos judiciales en el país. Lo hizo en su rol de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú (ANMP) y miembro de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM).En su presentación, el magistrado dijo: «En mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el gobierno que representa el Poder Ejecutivo, sistemáticamente viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Cómo lo hace? Presentando proyectos de ley y aprobando leyes que atentan contra la independencia de los jueces y fiscales, así como contra la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público, maniatando a los jueces y fiscales, en su lucha contra el crimen organizado, y dictando leyes en favor de congresistas y líderes políticos». Para las expertas de las Naciones Unidas, «las y los jueces deben poder, individual y colectivamente, participar en el debate público sobre la organización, el funcionamiento y la independencia del poder judicial, de conformidad con sus deberes de discreción y responsabilidad, sin temor a presiones, medidas disuasorias o procedimientos que puedan obstaculizar el ejercicio de sus funciones institucionales».»Un intento de castigar y silenciar»Satterthwaite y Romero cuestionaron también el interrogatorio al que fue sometido la semana pasada el juez Ordóñez sobre su participación en la audiencia ante la CIDH. «Este tipo de preguntas en un proceso de ratificación estándar es muy inusual y es inaceptable que haya resultado en una decisión de no ratificación y separación del cargo», afirmaron.Además, expresaron su preocupación debido a que la no ratificación del magistrado en el cargo se produjo despúes de que la JNJ iniciara una investigación preliminar de oficio contra Ordóñez tras una denuncia presentada por una congresista en septiembre de 2025, casi un año después de su presentación ante la CIDH.“Nos preocupa que estas acciones puedan constituir un intento de castigar y silenciar al juez Ordóñez por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y por defender la independencia del poder judicial en Perú”, enfatizaron las expertas.Las relatoras especiales instaron a la JNJ a cumplir con las normas de derechos humanos sobre la independencia del Poder Judicial, recordando que los magistrados no deben ser objeto de sanciones administrativas, económicas o de otro tipo por acciones realizadas en cumplimiento de sus deberes y ética profesional.Cabe indicar que en la misiva se informa que Margaret Satterthwaite y Gina Romero ya se han puesto en contacto con las autoridades peruanas para expresar formalmente estas preocupaciones a raíz de este caso.
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