Más del 58 % de las denuncias que se reciben por desaparición en el Perú corresponden a mujeres. Así lo advierte el informe de análisis de presupuestos públicos destinados a la búsqueda de mujeres desaparecidas durante el periodo 2023-2025, un estudio presentado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Amnistía Internacional Perú, en el marco de la campaña ‘Búscalas’.El documento revela cifras alarmantes sobre esta problemática: entre enero del 2023 y mayo del 2025 se registraron más de 45 000 denuncias por desaparición a nivel nacional.De este universo, las adolescentes de entre 12 y 17 años representan el grupo poblacional más afectado. Sumado a este escenario, las estadísticas indican que solo el 52 % de las personas que han sido reportadas como desaparecidas lograron ser ubicadas. Cuestionamientos al uso del presupuesto públicoUno de los hallazgos más críticos del estudio señala que, pese al incremento del presupuesto público en los últimos tres años, esto no se ha traducido en una mejora efectiva. Específicamente, se evidencia una deficiencia en la capacidad de respuesta del Estado en cuanto a las acciones operativas vinculadas directamente a la búsqueda.Al respecto, Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, cuestionó que se prioricen recursos estatales frente a otras necesidades urgentes de la población.»Creo que la ciudadanía tiene que hacerse la pregunta: ¿En qué se gasta el dinero en nuestro país? No es que en el país no haya dinero. Acabamos de ver, por ejemplo, la compra de unos aviones frente a la debilidad presupuestal en materia de educación, de salud, en materia de la búsqueda de las mujeres desaparecidas, y tantos otros problemas que aquejan a nuestro país», manifestó.Ante este panorama, ambas organizaciones hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se implemente un clasificador presupuestal específico. Contar con esta herramienta técnica permitirá identificar con claridad los recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas, lo que ayudará a mejorar la transparencia y a fortalecer la capacidad operativa de respuesta del Estado.
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