El Ministerio Público ordenó la liberación de ocho militares y tres civiles que fueron detenidos el último domingo y que son investigados por el presunto homicidio calificado, tras un operativo por presunto tráfico de drogas y armamento en la carretera Colcabamba–Ayacucho, en la provincia de Tayacaja, región de Huancavelica, que dejó cinco fallecidos y dos heridos.Según la disposición del Primer Despacho de la Fiscalía Penal de Tayacaja, a la que accedió RPP, los hechos ocurrieron durante un operativo militar realizado la madrugada del 25 de abril, cuando una patrulla del Ejército intervino una camioneta Toyota Hilux. Al ordenar que se detuviera, el conductor del vehículo habría continuado su marcha. En ese momento, según se relata en el documento, desde el vehículo se realizaron disparos contra los efectivos del Ejército, quienes respondieron al fuego.No obstante, información obtenida el sábado último por RPP señalaba que las pericias preliminares y testimonios de la zona sugerían que no hubo un intercambio de disparos, sino un ataque unidireccional contra una camioneta ocupada por civiles.Según estas indagaciones, los testigos afirmaron que las personas a bordo se encontraban totalmente desarmadas al momento en que los efectivos abrieron fuego contra el vehículo. Además, no se habrían hallado armas de fuego ni sustancias prohibidas en el vehículo atacado. Por su parte, el Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú reiteraron que la patrulla militar fue atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico. «Ante el riesgo real e inminente, el personal refiere su actuación en legítima defensa, conforme al artículo 20, inciso 3 del Código Penal, resultando personas fallecidas, heridas y un detenido», remarcaron en un comunicado.Faltan periciasLa Fiscalía determinó que, por el momento, no hay suficiente evidencia para acreditar la responsabilidad individual de los detenidos, debido a que aún faltan pericias balísticas y otras pruebas para determinar quiénes realizaron los disparos, así como la homologación de armas y casquillos, y la inspección técnica del vehículo intervenido. Además, cuestionó que parte de la información policial haya sido remitida de manera incompleta y fuera de plazo.Los investigados deberán asistir a todas las citaciones y diligencias que disponga el Ministerio Público, no variar su lugar de residencia y evitar involucrarse en nuevos hechos ilícitos.Exigen justicia en el Congreso
Representantes de comunidades campesinas de Huancavelica llegaron este lunes al Congreso para exigir justicia por los fallecidos.
Pablo Salas, presidente del Consejo Nacional de las Comunidades Campesinas, y Eloy Acevedo, dirigente regional de Huancavelica, junto al congresista Wilson Quispe, alzaron su voz de protesta y denunciaron que los familiares de las víctimas, en su mayoría quechuahablantes, enfrentan serias dificultades para obtener información clara sobre el proceso judicial.
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