Balcázar posterga compra de aviones, dos ministros renuncian y lo acusan de mentir: cronología de la polémica que afecta al Ejecutivo

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La paralización en la compra de 24 aviones de combate F-16 a los Estados Unidos ha desatado una tormenta política en la actual administración. Lo que debía ser la culminación de un proceso de modernización militar respaldado presupuestalmente terminó con la renuncia irrevocable de los titulares de Defensa y Relaciones Exteriores.Carlos Díaz y Hugo de Zela abandonaron el gabinete tras denunciar contradicciones en la operación y acusar al presidente José María Balcázar de mentirle al país al frenar un acuerdo de Estado que él mismo ya había autorizado de manera oficial. El origen del acuerdoA inicios de año, durante la gestión del mandatario José Jerí, la compra de las aeronaves a la empresa estadounidense Lockheed Martin no se consideraba un proyecto, sino una política de Estado en marcha. En febrero, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el órgano colegiado de mayor jerarquía en la materia, aprobó por unanimidad la adquisición directa al considerarla una necesidad urgente para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).El respaldo económico estaba garantizado a través de las leyes de endeudamiento para los años 2025 y 2026, por un monto de 3 500 millones de soles.Posteriormente, el proceso llegó al despacho presidencial, cuando José Balcázar ya se encontraba al mando, para su formalización legal bajo la modalidad de secreto militar.Pese a lo que declararía semanas después, el mandatario habría dado luz verde al procedimiento. Según reveló el ahora exministro de Defensa Carlos Díaz, el jefe de Estado suscribió el documento clave que viabilizaba la operación.»El Decreto Supremo número 01 fue presentado y fue aprobado por el señor presidente de la República en su ejercicio», dijo el extitular del Mindef en entrevista exclusiva para RPP. Cambio de postura El punto de quiebre ocurrió cuando, a puertas de la firma del contrato final con los proveedores norteamericanos, el presidente Balcázar ordenó paralizar el proceso para, posteriormente, anunciar su decisión a través de los medios de comunicación.El jefe de Estado justificó su cambio de postura bajo el argumento de que se necesitaba actuar con prudencia fiscal y señaló que una adquisición de esta magnitud debía recaer en la próxima administración.»No digo que no se puede comprar, solo que se postergue», argumentó Balcázar, pese a que ya existían los estudios técnicos de la FAP y los compromisos asumidos por su propio gabinete.Esta orden fue recibida como una contradicción inaceptable y una falta a la verdad por parte de los funcionarios que habían liderado las negociaciones: Carlos Díaz presentó su carta de renuncia al Ministerio de Defensa y advirtió que discrepaba totalmente con frenar lo que denominó «una compra estratégica para la seguridad y la defensa de la nación».Horas más tarde, el canciller Hugo de Zela siguió el mismo camino y confirmó las discrepancias dentro del Ejecutivo por una decisión que consideraron carente de sustento sólido y lesiva para los intereses nacionales. Impacto diplomático y respuesta de BalcázarEl excanciller Hugo de Zela dijo que este aplazamiento podría dañar las relaciones bilaterales con Estados Unidos, sobre todo luego de que Washington designara recientemente al Perú como un aliado estratégico.»Esta situación afecta la credibilidad del Perú a nivel internacional», advirtió el diplomático, ya que la Casa Blanca se habría enterado de la decisión por declaraciones en la prensa y no por los canales oficiales correspondientes.En respuesta, el presidente José María Balcázar optó por dirigirse directamente a sus exministros y ratificar que, bajo su gestión, no se desembolsarán los fondos para los aviones de combate.Al ser consultado sobre las críticas del excanciller y del extitular de Defensa, Balcázar negó haber «engañado al país». No obstante, mencionó que las circunstancias de su decisión «no han cambiado».“Lo que se ha dicho es que esto lo conozca el nuevo gobierno; sin embargo, se ha deslizado que yo habría mentido al país sobre la situación jurídica de este contrato, lo que no es verdad (…). No he intervenido en esas negociaciones, así que no pueden decir que yo he mentido, lo que estoy diciendo es que esos contratos se respeten por el nuevo gobierno que venga de las elecciones, y nada más», expresó. Embajador de Estados Unidos señala que compra es un hecho consumadoPosteriormente, el embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, desmintió en la práctica cualquier paralización al anunciar públicamente que la compra es un hecho consumado. Durante una declaración a los medios, el diplomático confirmó que la adquisición sigue en marcha y detalló que los primeros aviones F-16 comprados por el Estado peruano aterrizarán en territorio nacional en el año 2029. Esta revelación dejó en evidencia que, más allá de lo mencionado por Balcázar, los contratos y compromisos financieros ya habían cruzado el punto de no retorno.Frente a este escenario, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un pronunciamiento oficial para calmar las aguas y aseguró que la gestión actual viene cumpliendo con todos los compromisos asumidos en materia de defensa.Esta declaración institucional buscó matizar las palabras de Balcázar, dando a entender que el Estado honrará los acuerdos previamente firmados, a pesar de la reticencia pública mostrada por el mandatario en los días previos.Moción de censura contra BalcázarLas contradicciones del Ejecutivo y la renuncia de los ministros no tardaron en generar una  reacción en el Parlamento. Desde el Legislativo se impulsó una moción de censura contra el presidente José María Balcázar, medida que ha ido ganando respaldo entre diversas bancadas.El congresista Ilich López, uno de los principales promotores de esta iniciativa, defendió la necesidad de destituir al jefe de Estado argumentando que su errático manejo de la política exterior y de defensa ha cruzado una línea roja inaceptable.Para el parlamentario, la actitud del mandatario va mucho más allá de una simple falta de coordinación interna en el gabinete. López fue enfático al señalar que con estas idas y venidas se ha puesto gravemente en riesgo la seguridad nacional.El legislador argumentó que desautorizar una compra militar estratégica, previamente aprobada y con el presupuesto asignado, no solo debilita la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, sino que expone al Perú a una imagen de inestabilidad y falta de seriedad frente a potencias aliadas.

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