La crisis logística que impidió la instalación de cientos de mesas de sufragio el último domingo ha puesto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el centro del debate público.A puertas de una inminente segunda vuelta, diversos actores políticos exigen garantías para que la voluntad popular no se vea afectada por nuevas deficiencias operativas.Al respecto, cuatro candidatos al Parlamento compartieron sus posturas sobre las decisiones institucionales y legales que deben tomar los organismos electorales en las próximas semanas. Desconfianza y pedidos de renunciaPara el candidato al Senado por el APRA, Jorge del Castillo, las autoridades electorales deben priorizar la restitución de la confianza ciudadana.Si bien fue cauteloso al pedir que no se utilice a la ligera la palabra «fraude», sugirió que la salida de la actual jefatura sería la acción más sensata para salvaguardar el proceso.»No podemos ir en un marco de desconfianza a una decisión tan importante a nivel nacional. Hay que invocar al propio señor Corvetto que dé un paso al costado, que busquemos una solución. (…) El Perú no puede girar alrededor de su persona», dijo en Ampliación de Noticias de RPP.Una postura mucho más severa mostró Roxana Rocha, candidata a diputada por Renovación Popular. Para ella, el ente electoral ha perdido total legitimidad para administrar la segunda vuelta. Tras calificar las demoras como una «Operación Morrocoy» orientada a perjudicar candidaturas, exigió que se tomen medidas drásticas e inmediatas contra la máxima autoridad de la ONPE.»No tiene la moral ni tiene la credibilidad el señor Corvetto para continuar llevando un segundo proceso (…). Por un tema de decencia, debería dar un paso al costado», puntualizó.
No se puede «cambiar de general» en plena batallaEn contraste, otros aspirantes al Parlamento advirtieron sobre los peligros institucionales de apartar a la cabeza de la ONPE en medio de un proceso electoral en curso.Flavio Figallo, candidato al Senado con el Partido del Buen Gobierno, pidió mesura a las fuerzas políticas e instó a no agravar la crisis con acusaciones sin sustento, priorizando el desarrollo del balotaje.»Lo que tenemos que proteger son las elecciones, o sea, no podemos hacer un sabotaje adicional a la ONPE para poder realizar el proceso electoral (…). Mientras no tengamos pruebas claras de que hay fraude, no podemos alegar que hay fraude», aseveró.Finalmente, Carlo Magno Salcedo, candidato a diputado por Ahora Nación y exfuncionario electoral, aclaró que la Ley de la ONPE establece que la jefatura es irrenunciable durante las elecciones, salvo por impedimentos fundamentados (como una eventual suspensión por parte de la Junta Nacional de Justicia). Aunque fue crítico con la operatividad, concluyó que apartar a Corvetto ahora podría ser contraproducente.»La gestión del señor Corvetto ha sido pues una desgracia, o sea, una gestión desastrosa que ha originado fallas logísticas (…). Pero el proceso está en curso. Estamos cruzando el río y, en plena batalla, no puedes hacer un cambio de general», culminó.
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