La exministra de Justicia, Delia Muñoz, en diálogo con RPP, se manifestó a favor de la denuncia interpuesta por el procurador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), debido a las irregularidades en la instalación de mesas de votación durante la jornada electoral del domingo pasado.En ese sentido, la también catedrática indicó que la acción penal podría contribuir a «establecer la verdad» de las circunstancias por las cuales hubo retrasos en la distribución de material electoral en distritos de Lima sur.»La denuncia penal tiene por objeto establecer la verdad de lo que realmente ocurrió y si es que estamos en una situación de una negligencia inexcusable que no genera efectos penales o estamos ante una situación que tiene un componente doloso y que sí tiene consecuencias para iniciar acciones punitivas contra la persona», indicó.»Entonces, la apertura del proceso penal está bien, porque te permite establecer, por parte del órgano correspondiente que es el sistema judicial, lo que realmente aconteció, y eso despeja todo tipo de cuestionamientos en torno a la verdad de lo que vivimos», acotó.Sin embargo, Muñoz consideró que esa situación va por «cuerda separada» del procesamiento de los votos a cargo de la ONPE, al cual calificó como «transparente».“Nadie cuestiona los resultados, la entrega de datos y todo. Se está respetando tranquilamente toda esa información que nos provee, y por cuerda separada, como se dice, corre el cuestionamiento a las cabezas, al responsable de la institución», destacó.»El proceso electoral como tal, en líneas generales, viene siendo avalado no solamente por los observadores, sino por la población en general. Yo creo que el momento de recabar el voto mayoritario no está siendo cuestionado. Lo que está siendo cuestionado son los problemas que hubo en la plaza electoral más importante, tanto para la apertura de las mesas como algunas que no se pudieron abrir. Eso es lo que está en cuestionamiento. Y lo que se está poniendo también en discusión es si fue una conducta inapropiada o fue una conducta delictiva. Entonces, para mí, la entrega del voto, la suma que estamos viendo, eso nadie lo ha cuestionado. Eso está corriendo, por un lado», explicó. La extitular del Minjus remarcó que «todos estamos viendo de manera transparente cómo es el cargado de las cédulas de votación, los miembros de mesa que han ido» y que, además, «nadie ha presentado impugnación de mesas», ni tampoco «cuestionamientos de que se llevaron las actas, que no es la mía, que no es mi firma».»Lo que hay es una conducta que yo creo que se basa esencialmente en una mala comunicación de unos hechos que eran graves, que exacerban el ánimo y que te llevan ya a poner nuevamente sobre el tapete la conducta de la cabeza de ONPE», enfatizó. «Se justifica» detención de funcionario de la ONPEPor otro lado, Muñoz consideró que sí está justificada la detención preliminar a José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, investigado por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.»Se justifica, además de que si lo ha pedido el fiscal y el juez lo ha autorizado, entonces allí estamos», indicó.»Eso lo evalúa el fiscal que hace el pedido y el juez que lo autoriza. Pero hay que tener en consideración que los delitos electorales, los delitos contra el voto en general, son delitos bastante delicados porque una democracia se sustenta en la libertad, y la libertad, precisamente, implica poder ir a ejercer el voto. Puede haber la afectación a una persona y solo ese hecho generar que se dé el delito. En consecuencia, estamos viendo la aplicación de una figura que es bastante dura. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo el ejercicio del derecho al voto, que es uno de los puntos más importantes en la vida democrática», explicó. Sin embargo, la abogada señaló que esa situación podría generar que candidatos busquen la nulidad de todo el proceso electoral, lo que generaría mayor inestabilidad política. «Lo que sí preocupa es que, a partir de esto, los candidatos que han perdido, los que tienen algún tipo de discusión, comiencen a intentar presentar denuncias y judicializar y buscar la nulidad del proceso electoral. Eso sí es bastante delicado», indicó.Además, sostuvo que sería «inaceptable» que, eventualmente, un juez resuelva alguna medida que implique la paralización del conteo de votos. «Eso sí sería inaceptable. En primer lugar, porque todo lo que es justicia electoral lo tenemos separado en el ordenamiento para el Jurado Nacional de Elecciones. Están previstos el sistema de tachas, el sistema de impugnaciones, la presentación ante el Jurado Electoral Especial y luego la apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, para todo lo que es materia electoral», aseveró.»Ni el Tribunal Constitucional [podría meterse]. No tenemos establecido un mecanismo de revisión inmediata. Entonces, cualquier problema que se presente, no tiene por qué ser judicializado. Para eso tenemos toda la vía electoral claramente establecida, y esto hay que tenerlo muy claro», puntualizó.
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