Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fueron citados para hoy martes, a las 2pm., a la Comisión de Fiscalización del Congreso, para responder por las fallas logísticas registradas en las elecciones generales que se realizaron el último domingo.Como se sabe, los comicios tuvieron que extenderse hasta ayer, lunes, debido a que el material electoral no llegó a tiempo a locales de votación de Lima sur, lo que ocasionó que más de 60 mil ciudadanos no pudieran ejercer su derecho al sufragio aquel día, según informó Corvetto. Ante ello, el domingo, la Comisión de Fiscalización informó, vía sus redes sociales, que había sesionado de urgencia y acordado cursar citaciones a los titulares de la ONPE y el JNE «para que informen bajo responsabilidad sobre las fallas del 12 de abril».Además, indicaron que también se invitó al Contralor General y al Defensor del Pueblo «para detallar las acciones de auditoría y la vulneración del derecho al voto de miles de peruanos». La agenda de hoy del referido grupo de trabajo indica que Corvetto deberá responder por «las causas estructurales, técnicas y operativas que dieron lugar a las graves irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026».Asimismo, por «las responsabilidades funcionales y administrativas derivadas de dichas fallas, así como las acciones adoptadas o por adoptarse para su determinación y eventual sanción. De igual modo, acerca de «los procesos de contratación de proveedores tecnológicos y logísticos vinculados al proceso electoral, incluyendo los criterios de selección, supervisión y control aplicados».Por su parte, Burneo deberá dar cuenta de la «supervisión del proceso electoral, la legalidad de las decisiones adoptadas, la respuesta frente a las fallas registradas y la garantía del derecho al sufragio». También tendrá que responder por las «incidencias ocurridas (mesas no instaladas, demoras y fallas operativas) y su impacto en la validez del proceso, las medidas adoptadas durante la jornada (resoluciones, ampliación de horarios y coordinación con la ONPE), la supervisión ejercida y alertas previas identificadas, la afectación de las 211 mesas no instaladas […], así como los mecanismos de transparencia y acceso a la información del proceso electoral». JNE denuncia penalmente a Corvetto y tres funcionarios de la ONPE por problemas reportadosEl JNE presentó ayer, lunes, ante la Fiscalía una denuncia penal contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, y tres funcionarios de la misma institución, por los problemas reportados el domingo 12 de abril.Según se indica en la denuncia, a la que tuvo acceso RPP, todos serán investigados por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Además de Corvetto, están incluidos en la denuncia Ricardo Saavedra Mavila, gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, Edward Alarcón González, gerente de Administración, y José Samame Blas, gerente de Gestión Electoral y Juan Alvarado Pfuyo, representante legal de la empresa Galaga SAC.Según la acusación del Jurado Nacional de Elecciones, existió una omisión en la fiscalización de idoneidad logística a la empresa Galaga SAC, pues por información pública se conocía que dicha compañía no contaba con las unidades de transporte suficientes para transportar el material electoral.Asimismo, el JNE señala que la ONPE les presentó una herramienta tecnológica llamada Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) como garantía para la celeridad y seguridad del proceso, pero que en la práctica su implementación careció de los controles de redundancia y estabilidad necesarios para soportar la carga transaccional. «Esta negligencia técnica no constituye un error administrativo fortuito, sino una quiebra del deber de diligencia en la gestión de plataformas tecnológicas, cuya estabilidad debió ser garantizada mediante pruebas de estrés y protocolos de redundancia que el denunciado omitió implementar o supervisar de manera eficaz», se lee en el documento.
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