La corrupción se ha consolidado como uno de los principales problemas para los peruanos, tanto por el daño que genera al funcionamiento del Estado como por la desconfianza que genera en la ciudadanía hacia sus autoridades.De acuerdo con el Barómetro de las Américas, una encuesta que cada dos años mide las percepciones políticas de todo el continente, el 82 % de peruanos cree que la mitad o todos los políticos están involucrados en actos de corrupción, percepción que refleja desconfianza y un profundo malestar ciudadano. Para el sociólogo y analista político Martín Tanaka, esta cifra evidencia un nivel de indignación que las autoridades no pueden ignorar.»Es una respuesta muy inquietante. Creo que eso muestra que el encuestado responde mucho con el hígado. Es decir, los ciudadanos peruanos estamos muy molestos, muy irritados por la situación que vivimos, atribuimos a la corrupción muchos de los problemas que tenemos, y los políticos tienen que dar señales de deslinde y de compromiso con la lucha contra la corrupción muy claras para intentar revertir un poco esa percepción ciudadana», sostuvo Tanaka.El estudio también revela una fuerte caída en la confianza institucional: solo el 20 % de peruanos confía en la Presidencia y apenas el 7 % en el Congreso.Pero no se trata solo de una percepción. En los últimos años, el Perú vio a altos funcionarios como expresidentes, actuales y excongresistas, y magistrados involucrados en casos de corrupción, con algunos de ellos ya condenados por el Poder Judicial.En el 2025, las fiscalías especializadas lograron condenas para cerca de 2000 personas por corrupción. De ellos, 177 eran gerentes regionales o municipales, 150 eran de la policía y 76 fueron alcaldes. Las regiones con mayor número de condenas fueron Cusco, Áncash, Arequipa, Junín y Ayacucho.Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, comenta lo hallado en estos casos, por los cuales el Poder Judicial ha ordenado el pago de reparaciones civiles por 83 millones de soles.»Suelen hacer obras que son sobredimensionadas y en algunos casos que no guardan relación con un problema público. La ejecución de obras es el principal factor o la principal modalidad del delito de corrupción en estos distritos. Además de lo que podría ser el cohecho y el peculado, las obras que están vinculadas directamente a los delitos de corrupción y de negociación incompatible terminan siendo las modalidades más frecuentes por los condenados», precisó. Otros indicadoresExisten más indicadores preocupantes. Según Proética, el 88 % de peruanos considera que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años y el 81 % cree que seguirá igual o empeorará.Para la investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, Patricia Zárate, este escenario explica por qué la ciudadanía exige cambios urgentes.»Lo principal es que los peruanos creen que el sistema político tal como está debe cambiar. Ese clima de desconfianza hace que no solamente tengan una baja confianza en instituciones como el Congreso o la Presidencia, sino que además la gente siente que este sistema político debe cambiar y debe reformarse», indicó.Esta es una reflexión que coincide con la del analista político Martín Tanaka, quien señala que hay una luz de esperanza en el contexto electoral: «Y estamos en elecciones y esperemos que los candidatos y las próximas autoridades sean muy conscientes de la molestia y la rabia que hay en los ciudadanos». ¿Qué hacer con este diagnóstico?De cara a las elecciones, el estudio ¿Cómo vota el Perú?, de Arellano Consultoría Para Crecer, encontró que un 70 % de peruanos considera que ser honesto y no tener antecedentes por corrupción es lo más importante al momento de optar por un candidato presidencial.Por su parte, Proética presentó una agenda de medidas urgentes en este campo. Allí se plantean acciones como la implementación de una Autoridad Nacional de Integridad, reemplazar la Comisión de Ética del Congreso por un mecanismo autónomo, y acciones para fortalecer a la Contraloría y el sistema judicial. También se plantean medidas para luchar contra las economías ilegales, así como para supervisar a la policía y el financiamiento de los partidos políticos, para promover la integridad en el sector privado y para reforzar los mecanismos de denuncias ciudadanas anónimas.Así, el próximo gobierno deberá priorizar una reforma política integral y fortalecer los mecanismos de transparencia para evitar nuevos escándalos de corrupción, evitar perjuicios económicos al Estado y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
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