La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) emitió un comunicado manifestando su «profunda preocupación» ante un dictamen que se debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, advirtiendo que, de aprobarse, implicaría un «grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal».Ello se debe a la propuesta de ampliar por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y, de manera crucial, «reincorporar a miles de mineros informales previamente excluidos».Confiep sostiene que las prórrogas sucesivas del Reinfo no han logrado una formalización genuina. Por el contrario, estas extensiones han sido «utilizadas por operadores vinculados a la minería ilegal como un instrumento para continuar actividades que generan graves impactos sociales, ambientales y económicos».Los riesgos para la seguridad y la economíaDe aprobarse el dictamen, se proyectan efectos de alto riesgo para la ciudadanía, la actividad empresarial y la seguridad nacional.En primer lugar, se advierte sobre un incremento en la violencia asociada a organizaciones criminales. La minería ilegal está vinculada directamente con crímenes serios como la trata de personas, el lavado de activos y la deforestación masiva. Además, esta situación expone a miles de trabajadores a condiciones laborales sumamente precarias, sin acceso a «derechos fundamentales como la seguridad social y protección frente a riesgos laborales y estándares».En segundo lugar, Confiep señala que esta iniciativa legislativa socava la credibilidad internacional del Perú, ya que «contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Perú en el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal promovida por la Comunidad Andina (CAN)». El incumplimiento de estas obligaciones internacionales podría acarrear sanciones y restricciones comerciales, lo que «afectarían gravemente la canasta exportadora de la industria y de las mypes».Frente a ello, Confiep instó al Congreso de la República a priorizar el interés nacional y el respeto al marco legal, actuando con responsabilidad. Su mensaje es enfático: «El Perú no puede retroceder en la lucha contra la minería ilegal. Fortalecer la institucionalidad y asegurar que el crecimiento económico avance de la mano con la legalidad, la seguridad y la preservación del medio ambiente».
