#cusco#aprimerahora.com.- La Contraloría General de la República emitió el Informe de Orientación de Oficio N.º 012-2025-OCI/0719-SOO, en el cual alerta sobre posibles irregularidades en el proceso de reasignación de personal administrativo en la Gerencia Regional de Educación del Cusco (GREC), bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276.
Se evidenció serias irregularidades en el proceso de reasignación del personal administrativo para la Gerencia Regional de Educación Cusco (Geredu) correspondiente al año 2025.
El órgano de control alertó que se adjudicaron plazas a trabajadores cuyas categorías remunerativas no coincidían con las ofertadas, transgrediendo las normas que rigen estos procedimientos.
Según el informe, el Comité de Evaluación del proceso descalificó a algunos postulantes aplicando criterios no uniformes, mientras que otros fueron favorecidos sin cumplir los requisitos exigidos.
Esta actuación vulnera principios como la meritocracia, legalidad e idoneidad, pilares fundamentales de la administración pública.
Uno de los puntos más cuestionables fue la adjudicación de plazas a personal que no cumplía con la categoría remunerativa exigida, lo que contraviene la regla básica del proceso de reasignación: que la plaza vacante coincida con el nivel y grupo ocupacional del servidor.
El documento también advierte que en varios casos se asignaron cargos sin observar el debido orden de prelación en función al tiempo de servicios ni al nivel alcanzado, como establece el Decreto Supremo N.º 107-87-PCM. Esto pone en entredicho la transparencia del proceso llevado por la Geredu Cusco.
Asimismo, se recalca que la reasignación a un nivel superior solo procede mediante concurso de méritos para ascenso, situación que no se habría respetado. La Contraloría señala que se vulneraron los artículos 4 y 5 del Decreto Supremo 022-90-PCM, que regulan la ubicación del personal en los niveles de carrera.
El informe detalla también cómo debió organizarse el proceso según los grupos ocupacionales técnicos y auxiliares, estableciendo que las ubicaciones deben responder tanto al tiempo de servicio como a la categoría remunerativa alcanzada, situación que no se habría aplicado con rigurosidad en todos los casos.
Estas irregularidades podrían generar responsabilidades administrativas en los funcionarios involucrados y comprometen el correcto uso de recursos humanos en el sector educación, afectando directamente el servicio público.
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