
El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, acudirá al eventual llamado de la corte para declarar, en calidad de testigo, en el juicio oral que se le sigue a la exalcaldesa Susana Villarán por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña contra la revocatoria, en 2013.Así lo anunció este miércoles Wilber Medina, abogado de la Municipalidad de Lima, al precisar que el burgomaestre declarará sobre el perjuicio causado a la comuna limeña por la concesión de los peajes a Rutas de Lima, en caso de ser convocado formalmente por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato.“Va a incorporar que el alcalde se pare en el juicio oral y declare cuánto se ha perjudicado a las arcas de la municipalidad la entrega de esta concesión por parte de la exautoridad a cambio de un dinero, vale decir, de una coima”, declaró el letrado en Ampliación de Noticias. “El alcalde ha saludado la buena disposición del señor fiscal de no solamente hacer suya la medida cautelar que se le ha pedido, sino que le ha añadido un dato adicional para reforzar la tesis fiscal en juicio oral que es la declaración del alcalde”, agregó. Municipalidad de Lima pide suspensión de cobro de peajesMedina sostuvo que la Municipalidad de Lima acoge la acusación de la Fiscalía, que imputa a Susana Villarán de haber recibido supuestas coimas para la concesión de los peajes a Rutas de Lima.“Nos parece maravilloso, abrigamos esa tesis y además eso es un hecho real, confesado por Villarán, confesado por [Marcelo] Odebrecht”, argumentó.Asimismo, el abogado Medina dijo esperar que el Ministerio Público solicite la suspensión del cobro de peajes hasta que se defina una eventual condena contra Villarán.“Para que sea congruente con su acusación y con su pedido de condena, lo que tiene que hacer a la par es pedir vía medida cautelar la suspensión del cobro de los peajes…”, indicó.Cabe precisar que Villarán es procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo.Por este caso, el fiscal José Domingo Pérez pide 29 años de prisión contra la exalcaldesa.