El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, manifestó su posición sobre los equipos especiales de fiscales, asegurando que estos generan contradicciones dentro del propio diseño del trabajo de la Fiscalía. En declaraciones a la prensa, Gálvez reiteró su propuesta de desactivar estas estructuras, incluyendo al Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato, coordinado por Rafael Vela.Al respecto, José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció en el programa Prueba de Fuego de RPP, calificando las declaraciones de Gálvez como actos de hostigamiento laboral, pues consideran que descalifican la labor de los fiscales especiales y su trabajo en casos de alta relevancia.»Esto lo voy a decir con absoluto respeto por la institución del Ministerio Público, a la que pertenezco. Estos son actos de hostigamiento laboral. Decir que los equipos especiales, dentro de los cuales está el equipo Lava Jato, son una estructura paralela, es denigrar la actuación que venimos realizando en el Ministerio Público. Indicar que nuestro trabajo está orientado por criterios políticos es descalificar la labor que realizan los fiscales, sobre todo en los equipos especiales y, entiendo, en el caso Lava Jato, al que se estaba refiriendo. Y, por último, usted no lo ha mencionado, pero también ha indicado que el acuerdo de colaboración eficaz ha perjudicado los intereses del país», afirmó. José Domingo Pérez advierte sobre movimientos para anular sentencias y pruebas penalesJosé Domingo Pérez también señaló que indicar que los equipos especiales actúan con motivaciones políticas implica denigrar su trabajo. «Creo que tal vez alguna persona que esté fuera de la institución puede tener la capacidad de crítica en relación a nuestra labor. Pero quien está jefaturando en este momento el Ministerio Público a hacer esas afirmaciones, a mí no me queda lugar a dudas para poder afirmar que son actos a través de los cuales nos están hostigando en nuestra labor. Es decir, perturban», manifestó.Respecto a las posibles implicancias de estas declaraciones, Pérez consideró que existe un movimiento que busca «reescribir la historia» de los casos de corrupción.»Aparentemente quieren reescribir la historia en la cual ya no hayan corruptores ni corruptos, que no hayan pruebas que determinen los pagos de millonarios sobornos», precisó.
Según explicó, esto podría afectar la efectividad de la lucha contra la corrupción y poner en riesgo las reparaciones civiles logradas mediante sentencias.»Nos queda claro de que hay todo un movimiento que lo que está buscando es impunidad. Es decir, que los procesos penales que han concluido con sentencias condenatorias, con millonarios montos de reparación civil, se puedan anular. Y el objetivo, pues, es finalmente afectar lo que es la lucha contra la corrupción», concluyó.
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