Tras la reciente autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para una emisión de bonos por más de 287 millones de dólares para Petroperú, el titular de Energía y Minas, Jorge Montero, defendió la operación y el valor de Petroperú, calificándola como «un súper negocio con tremendos problemas de corto plazo».Cabe recordar que el MEF aprobó la emisión de bonos para refinanciar deudas de la petrolera con el objetivo de «evitar el desabastecimiento de combustible a nivel nacional». Ante los cuestionamientos por las pérdidas de la compañía, que superaron los 700 millones el año pasado, Montero normalizó la situación, argumentando que es una característica de la industria.»Los negocios petroleros tienen ciclos donde hay ciclos de ganancias, ciclos de ganancias extraordinarias, ciclas de pérdidas, eso es propio de los negocios», explicó, comparando la situación con la minería y afirmando que «las industrias extractivas se comportan así».El ministro fue enfático en aclarar que no se trata de un «salvataje» ni de una inyección de «dinero fresco», para lo cual se necesitaría un decreto de urgencia.»¿Dónde está el decreto de urgencia? No está (…) Se está reperfilando la deuda, que es otra cosa», afirmó Montero. Sostuvo que este es un mecanismo ordinario y que no hay planes para solicitar fondos extraordinarios del erario nacional.Críticas del sector privado y fiscalización desde el CongresoLa medida gubernamental ha provocado reacciones tanto del gremio empresarial como del Legislativo, quienes exigen mayor transparencia y cuestionan el uso de recursos públicos.La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, calificó el continuo financiamiento a Petroperú como un «círculo vicioso que necesitamos parar». Expresó su preocupació» y señaló que los casi 300 millones de dólares podrían destinarse a cerrar brechas sociales, como la construcción de «kilómetros de carreteras, escuelas o postas médicas». Torreblanca exigió una mejora en la gobernanza de Petroperú, pidiendo que la estatal se comporte «como cualquier otra empresa, sea privada o pública, con objetivos claros, con planes, un presupuesto que conozcamos».Por su parte, el congresista Wilson Soto (Acción Popular) ha emprendido acciones de fiscalización, calificando la operación como «una falta de respeto a todos los peruanos». El parlamentario ha enviado dos oficios: uno de ellos al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, solicitando la «inmediata remoción» del presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, por sus «contradictorias declaraciones», ya que previamente había asegurado que no pediría más recursos al Estado.Y el otro oficio dirigido al presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Víctor Cutipa, pidiendo que convoque a dicho grupo de trabajo al ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, y al propio Narváez para que expliquen la situación económica de la petrolera y justifiquen la emisión de bonos.Además, el congresista Soto planteó que la mejor alternativa para la eficiencia de la empresa es su privatización, argumentando que Petroperú «ya no tiene mucha credibilidad». Advirtió que, de no obtener respuestas satisfactorias, no descarta una futura moción de interpelación.
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