El Poder Judicial admitió a trámite el pedido de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato para que la empresa Westfield Capital Limited, vinculada al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sea incorporada como «tercero civilmente responsable» en la investigación preparatoria que se le sigue junto a un grupo de exministros de Estado por el caso de la carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, vinculado a Odebrecht.El juez Jorge Chávez Tamariz también adoptó similar medida en el caso de la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, vinculada al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, amigo del exmandatario, quien se encuentra comprendido en esta investigación preparatoria.Mediante una resolución emitida el último primero de septiembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado determinó que el requerimiento presentado por la defensa legal del Estado peruano, el último 16 de junio, ha cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal para ser admitido, como presentar los datos de estas empresas y de sus representantes legales, las razones que justifican su pretensión, la vinculación de las empresas con los hechos materia de investigación y las pruebas documentales que acreditan su derecho.Chávez Tamariz dispuso que el requerimiento sea puesto en conocimiento de las demás partes procesales involucradas para que expongan lo que estimen pertinente y de presentarse alguna oposición se convocara a una audiencia virtual para su evaluación a fin de emitir el pronunciamiento que corresponda respecto a este caso.Si el magistrado acepta el requerimiento de la Procuraduría Ad Hoc, estas empresas deberán asumir el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano que se les pueda imponer a los implicados en este proceso penal en caso estas personas no puedan hacerlo con sus bienes.Investigación fiscalEl Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato comprendió en esta investigación a Pedro Pablo Kuczynski, en su condición de funcionario del gobierno del expresidente Alejandro Toledo junto con un grupo de exministros de estado y otros a quienes les atribuye el presunto delito de colusión agravada. El 22 de octubre del 2024, el expresidente Alejandro Toledo fue condenado por el Poder Judicial a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del estado a raíz del caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres.
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