La exministra de Educación, Marilú Martens, y el exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, analizaron las medidas del Gobierno —como la de trasladar las clases escolares a la modalidad virtual— como respuesta a la crisis energética y de transporte.
Durante una entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP TV, Martens señaló que la educación presencial debería ser protegida por el Estado y no ser la primera actividad en verse afectada ante una emergencia.
«Estamos trasladando una crisis energética a los estudiantes y a las familias, cuando ante situaciones como estas existen estrategias, herramientas públicas, que pueden aminorar el consumo energético o el transportarse de un lugar a otro sin afectar el proceso formativo», dijo.
De acuerdo con la exministra de Estado, el cambio a la modalidad remota no es un proceso sencillo ni automático, y que impacta severamente en el bienestar de los menores.
«No se aprieta un botón y se afecta en realidad no solamente el aprendizaje de nuestros estudiantes, (sino también) la salud socioemocional. ¿Cuántas niñas y niños comenzaron la semana pasada su educación y les costó tanto y de repente los mandan a su casa?», cuestionó.
Asimismo, remarcó la falta de un plan de contingencia sólido tras cinco años de la pandemia de la COVID-19. «No entiendo cómo no tenemos un plan de contingencia ante emergencias. Hoy ha sido energética, pero estamos expuestos a terremotos, a cambios climáticos y no hay una estrategia para poder afrontar esto sin afectar en la medida de lo posible y no hay una estrategia para poder afrontar esto sin afectar en la medida de lo posible a quienes más debemos de cuidar, que son a nuestras niñas, niños, a los jóvenes», añadió.
El golpe económico
Por su parte, Pedro Gamio se pronunció sobre el impacto económico que la crisis está teniendo en los ciudadanos, especialmente en el sector transporte.
«El impacto es enorme. Vamos a ver, por ejemplo, un taxista que llenaba su tanque con 30 soles, ahora lo hace con 90 soles y el Gobierno le dice: ‘te voy a dar 120 soles de ayuda’. Eso no funciona», explicó.
A su juicio, el Ejecutivo debió haber recurrido al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), al considerar que, según la experiencia y la práctica de muchos años, es más efectivo que los paliativos directos ofrecidos por el Gobierno, como los bonos de 120 soles a los taxistas que usan gas natural vehicular (GNV). «El golpe es al corazón del Perú, es el bolsillo de toda la gente, sobre todo de la gente más necesitada», declaró.
Gamio refirió que el Gobierno ha señalado que apelar al Fondo de Estabilización está en evaluación. «No creo que haya mucho que estudiar, porque hay demasiada base de datos que demuestra. Este no es solamente una medida de ayuda, sino también de defensa de la economía nacional, porque todo el esfuerzo hecho de tanto tiempo se ve truncado por la mezcla entre inflación y recesión», sostuvo.
El experto en temas energéticos advirtió también sobre el encarecimiento de la producción eléctrica al tener que reemplazar el gas natural por diésel debido a problemas en el ducto del yacimiento de Camisea, ubicado en la región de Cusco. «El diésel multiplica el costo de la energía, ya no es 30 dólares, puede llegar a 200 dólares MW/h o más», precisó.
Gamio lamentó la inacción de los diferentes gobiernos en la masificación del gas. «Lima ha ganado con el gas natural. En las regiones no se ha hecho lo mismo. El Estado ha fallado en la segunda parte de la masificación del gas. Una medida que, en 5 años hubiera hecho que dupliquemos la cantidad de usuarios (dos millones y medio), no se ha hecho», sentenció el experto.
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