Por Jesús Manya
El inútil de Jerí, incapaz de resolver los problemas de seguridad, tiene en cambio mucha habilidad para promulgar una norma de contrabando que pone en peligro las Cajas Municipales del país, por la centralización y el control desde el poder.
El sistema financiero privado o la llamada banca privada hace tiempo que se quiere comer a las cajas municipales, que manejan el 12% del movimiento financiero del país y más del 50% del crédito a las pequeñas empresas. La angurria es tal que han usado en los últimos años diversos métodos para capturar este mercado financiero, utilizando incluso los propios directorios.
Con el pretexto de la ampliación de capitales, han querido cambiar la esencia y el carácter social de la caja municipal, buscando convertir prácticamente en otro banco privado a la entidad, desnaturalizando su creación de asistencia a las microempresas y los negocios familiares por la que fue concebida esta entidad.
Ahora, con la ley 35515, Ley de endeudamiento del sector público 2026, que nada tiene que ver con las normas que regulan el sistema financiero de las cajas municipales, se introduce de contrabando en las disposiciones transitorias que el viceministro del Ministerio de Producción designará a los directorios, que antes eran designados por la Municipalidad Provincial, propietaria de la Caja Municipal, así como por los representantes de la sociedad civil.
La intención de esta conducta es muy clara: capturar el manejo de las cajas municipales, con fines de control político desde el ministerio y de abrir desde los directorios procesos de privatización, con el argumento de la “ampliación de capitales”, conforme se ha venido dando paso en las empresas de agua potable.
Es lo que llaman los especialistas y los propios funcionarios de una “privatización parcial o asociativa”, con lo cual se consumaría la privatización final de las Cajas Municipales en favor de las entidades de la banca privada.
LA MUNICIPALIDAD DEBE DEFENDER LA AUTONOMÍA DE LA CAJA MUNICIPAL
Considerando que la Municipalidad del Cusco es titular de la Caja Municipal del Cusco, tiene la obligación de defender el carácter social y financiero de esta entidad, porque esta norma de contrabando y en una ley del presupuesto es una disposición ajena a las leyes del sistema financiero, vulnera los derechos de esta institución.
Pero para eso también la Municipalidad debe exigir transparencia al Directorio de la Caja Municipal del Cusco y a la Federación Nacional de Cajas Municipales, que desde adentro han intendado la privatización.
En anteriores ocasiones, cuando los intereses del pueblo eran afectados, se convocaba a UN CABILDO ABIERTO y se acordaban medidas sociales para defender los derechos. Desde el ingreso del fujimorismo y el Apra a la municipalidad, nunca se ha vuelto a convocar al pueblo a defender sus derechos.
El actual alcalde tiene la posibilidad de hacerla, porque la estrategia de ir a Lima y rogar su derogación en la burocracia tiene escasas posibilidades de éxito, este gobierno nacional y el Congreso están comprometidos a servir a los poderosos; en este caso, están entregando en bandeja de plata las Cajas Municipales a los bancos privados.
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