En medio de la creciente ola de inseguridad ciudadana, violencia y extorsiones que afecta al país, la presentación de cuatro mociones de vacancia contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte, ha provocado un estado de alerta en los principales gremios empresariales peruanos.Los líderes de estos sectores han coincidido en señalar que la inestabilidad política actual no solo agrava la crisis de seguridad, sino que también amenaza la reactivación económica y pone en riesgo la subsistencia de miles de microempresas y el empleo formal.Óscar Zapata, presidente de PERUCÁMARAS, indicó a RPP Economía que la crisis política es un reflejo de la profunda pérdida de confianza institucional. Según Zapata, la moción de vacancia responde a la creciente inseguridad y a una extendida percepción de desgobierno y falta de liderazgo estratégico.»La crisis política actual refleja una pérdida profunda de confianza institucional. La moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, respaldada por más de ocho bancadas parlamentarias, no solo responde a la creciente inseguridad ciudadana, sino a una percepción extendida de desgobierno y falta de liderazgo estratégico. Esta situación revela un agotamiento del modelo de gobernabilidad vigente, donde la fragmentación política y la ausencia de consensos han debilitado la capacidad del Ejecutivo para responder a los desafíos sociales y económicos».Respecto a las consecuencias económicas, PERUCÁMARAS recordó que la inestabilidad tiene un costo «silencioso pero profundo». De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la criminalidad le costará al país S/19.800 millones al cierre de 2025, una cifra que representa el 1,7 % del PBI nacional. Este monto es superior al presupuesto destinado al sector Orden y Seguridad para este año (más de S/ 16.000 millones).Por su parte, Daniel Hermoza, presidente de MYPES UNIDAS, expresó su preocupación por el impacto directo que una eventual vacancia tendría sobre las micro y pequeñas empresas. Si la vacancia prospera, el país podría entrar en una nueva crisis política que demandaría semanas o meses para la estabilización de un nuevo gobierno.»El costo de esta crisis que no ha empezado hoy, es una crisis que nos viene acompañando ya hace varios años, yo diría desde el 2016 con todos los presidentes que han venido sucediendo en los últimos 10 años. Lo que pase hoy que va a ser un costo muy alto económico para la micro y pequeña empresa en general, para la economía de la familias, porque va a haber un freno. Una crisis política como la que se puede avecinar en las próximas horas, nos va a llevar definitivamente a una frenada económica que va a perjudicar a miles de mypes y a sus trabajadores», mencionó a RPP Economía.Asimismo, Román Nazario, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, coincidó en que la crisis política solo generará mayor inestabilidad. El gremio considera que la falta de gobernabilidad es «insostenible», pero existe una gran duda sobre quién asumiría el cargo en caso de una vacancia y si este reemplazo sería el adecuado.El impacto en su sector sería directo. «Lógicamente que nos va a perjudicar. Cualquier campaña electoral hace que baje la inversión», dijo a RPP.Nazario alertó sobre la posibilidad de que se convoquen protestas y marchas, impidiendo el normal funcionamiento de Mesa Redonda. Además, prevé que la inestabilidad haga subir el tipo de cambio, lo cual perjudica al «peruano de a pie» debido a la variación de los precios de productos importados. El gremio cuestionó si un cambio presidencial en el actual contexto sería una verdadera solución.
Desde la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, su presidente Jharit Augusto Allcca, enfatizó que la crisis no es reciente, sino el resultado de la falta de unidad y políticas adecuadas. Para los empresarios que dependen del día a día, esta situación genera inestabilidad económica y los afecta directamente en sus préstamos y ventas.Allcca subrayó que la solución debe ser integral, incluyendo la mejora del control fronterizo, la regulación de personas no registradas y el fomento de la conciencia ciudadana.»La crisis política nos afecta a todos y es urgente una solución inmediata en la que participemos todos —no solo los gobernantes o tecnócratas— sino también los ciudadanos y emprendedores, que vivimos la realidad del país cada día», dijo a RPP Economía.Las pérdidas económicas reportadas por este conglomerado comercial son significativas: en cada paro total realizado este año, Gamarra ha reportado pérdidas diarias de S/ 3 millones. Más de 80.000 trabajadores en Gamarra dejan de percibir ingresos, afectando directamente su sustento familiar.Finalmente, Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), coincidió en que la crisis es un reflejo de un Estado debilitado que ha fallado en su función esencial de garantizar orden, seguridad y confianza. Mencionó que la falta de liderazgo ha permitido la consolidación de la delincuencia.Kunckel advirtió que la vacancia presidencial no necesariamente es la solución y que sus consecuencias podrían ser «aún más devastadoras» para el desarrollo del país.»Dudamos que el Congreso pueda cambiar el destino del país con una nueva crisis política. Volveríamos a enfrentarnos al mismo problema: más inestabilidad, más retrocesos y meses perdidos. Lo que el Congreso debería exigir es un gobierno consensuado entre todos los poderes y actores involucrados, con una estructura clara y una hoja de ruta compartida. El Perú no puede permitirse más improvisación», dijo a RPP.La AAP insistió en que el Congreso debería exigir un gobierno de consenso con una estructura clara y una hoja de ruta compartida. Kunckel reiteró que, solo el sector transporte y sus actividades conexas, que generan 1.6 millones de empleos, sufre directamente los efectos de la violencia, la extorsión y los paros.Kunckel concluyó que el costo de la inacción lo paga el ciudadano común, el empresario formal y toda la economía nacional.
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