El próximo jueves, 9 de septiembre, el pleno del Congreso abordará la moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por «su incapacidad y falta de liderazgo en el sector». De este modo, se marca un nuevo punto de inflexión en la gestión del titular del Mincul, que ha venido siendo duramente cuestionado por las autoridades de Cusco debido a la crisis turística derivada de los accesos al santuario de Machu Picchu.Como se recuerda, el último jueves, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), entidad que congrega a los 25 gobiernos regionales del país, exigió al Parlamento la censura de Valencia Gibaja por «el desorden en la administración de Machu Picchu, lo cual afecta directamente la economía y estabilidad de la región de Cusco». Además, el gobierno de dicha región ha presentado una demanda competencial contra el ministro porque, según sostiene, no se ha transferido poderes para la gestión de Machu Picchu a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco (DDC Cusco).Por su parte, el legislador Edward Málaga (no agrupado), quien impulsa la moción contra el ministro, en entrevista con RPP, señaló que «quien no hace bien su trabajo debe irse», y que no se puede permitir «que la crisis de Machu Picchu siga escalando».Al respecto, el ministro Fabricio Valencia, en entrevista con nuestro medio, fue enfático en señalar que «no es posible» transferir la gestión del santuario inca a un gobierno subnacional. Esto conforme a la normativa vigente. «En el tema de la demanda competencial hay que tener en cuenta lo siguiente: en el año 2010 que se crea el Ministerio de Cultura, se establece que las entonces direcciones departamentales del INC debían ser transferidas a los gobiernos regionales. Por diferentes normas que se sucedieron una tras otra, esta medida fue suspendida hasta el año 2022. Es recién en el año 2023 donde deja de existir una norma que suspenda esta obligación de transferir las entonces direcciones departamentales de cultura al gobierno regional. Al día de hoy, ya no existen direcciones departamentales de cultura, existen direcciones desconcentradas de cultura. Ese es el nombre que tienen las sedes descentralizadas del Ministerio de Cultura», explicó.»La pregunta es: ¿es posible transferir la gestión de Machu Picchu a un gobierno subnacional? La respuesta es no, no es posible. ¿Y por qué no es posible? Cuando nosotros interpretamos el sistema jurídico, tenemos que hacer una interpretación sistémica. Tenemos que ver no solamente una norma, tenemos que ver la Constitución, convenios internacionales, entre otros cuerpos normativos. En ese orden de ideas, el Estado peruano, en 1981, suscribe la Convención del Patrimonio Mundial [donde] se establece claramente que es el Estado nacional el que gestiona un bien integrante del patrimonio cultural de la humanidad. Machu Picchu, al ser un bien del patrimonio cultural de la humanidad, está bajo la protección y bajo el amparo legal de la Convención del Patrimonio Mundial, suscrita por el Estado peruano, y en esa convención se establece claramente que es el gobierno nacional», agregó.Valencia Gibaja resaltó que «existen competencias que únicamente son atribuidas al gobierno nacional», entre las cuales se encuentra «la gestión, la protección, la conservación del patrimonio mundial». «No lo digo yo, lo dice la convención del patrimonio mundial», enfatizó. ¿Es posible crear una autoridad autónoma que gestione Machu Picchu?Respecto a la propuesta de crear una autoridad autónoma que gestione el santuario de Machu Picchu, el ministro indicó que esa posibilidad «tendría que ser analizada y estudiada».»Yo he escuchado esta propuesta a nivel de noticias, no he visto un sustento técnico. Más allá de que sea una idea, no he visto ningún argumento que fundamente esto. Y lo que nosotros tenemos que considerar claramente es la forma como el Estado está estructurado. Tenemos leyes orgánicas, tenemos normas que regulan cómo funciona el Estado y tenemos que ser muy respetuosos de la Constitución y de todo el sistema jurídico», remarcó.En cuanto a la moción de censura en su contra, Valencia señaló que es una «facultad congresal».»En lo que respecta al tema de la censura, esta es una facultad congresal, el Congreso lo tendrá que evaluar, tendrá que votar al respecto, y nosotros siempre somos muy respetuosos de lo que las autoridades peruanas decidan», señaló.
Te recomendamos
EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades
A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
