El Directorio de Aenza anunció que ha decidido iniciar acciones legales contra tres de sus exdirectivos: José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker, por presuntas acciones ilícitas relacionadas con los casos “Club de la Construcción” y “Lava Jato”.Según el comunicado difundido por la empresa, los hechos atribuidos a los exejecutivos se habrían realizado sin conocimiento de los órganos de gobierno de la compañía y habrían afectado su reputación y situación económica. Aenza señaló que, como consecuencia de estos actos, la empresa afrontó la cancelación de contratos y la pérdida de empleos.La compañía informó que ha cumplido con las sanciones impuestas por las autoridades, que incluyen el pago de una reparación civil y un periodo de impedimento para contratar con el Estado. Además, indicó que esta decisión legal busca cerrar una etapa y reafirmar su compromiso con la transparencia.Aenza precisó que desde 2021 los exdirectivos y la familia fundadora ya no tienen participación ni influencia en la empresa. Actualmente, los principales accionistas son los cuatro fondos de pensiones peruanos (AFPs), que poseen en conjunto el 43.8 % del capital, y el fondo internacional IG4 Capital, con el 27.8 %.La compañía destacó que cuenta con un sistema de gestión antisoborno certificado bajo la norma internacional ISO 37001 y expresó su confianza en que las autoridades judiciales actúen con rigurosidad en este proceso. ¿Qué fueron los casos “Club de la Construcción” y “Lava Jato”?El caso Club de la Construcción se refiere a una presunta red de empresas que, entre 2011 y 2014, habrían coordinado con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para repartirse obras públicas a cambio de sobornos. Varias constructoras nacionales e internacionales fueron investigadas por su participación en este esquema.Por su parte, el caso Lava Jato es una investigación internacional originada en Brasil, que reveló pagos de sobornos por parte de la empresa Odebrecht y otras constructoras a funcionarios y políticos de distintos países de América Latina, incluido el Perú, para obtener contratos de obras públicas.Ambos casos implicaron a exdirectivos de empresas peruanas vinculadas al sector construcción y marcaron uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.
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