El Pleno del Congreso aprobó, con 51 votos a favor, 14 votos en contra y 6 abstenciones, la acusación constitucional contra la exministra Betssy Chávez por negociación incompatible así como tráfico de influencias. Tras la aprobación de los parlamentarios, este documento será enviado al fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución.La denuncia fue presentada por el Ministerio Público el pasado 23 de abril de 2023. Según la acusación, Betssy Chávez habría favorecido a familiares de quien sería su pareja en ese entonces, Abel Sotelo Villa, con puestos de trabajo en el Estado.La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, informó ante el Pleno del Congreso que Betssy Chávez, en su condición de congresista, habría dispuesto la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa para que presten servicio en su despacho parlamentario.En torno a la acusación de tráfico de influencias agravado, Camones Soriano señaló que se han identificado «indicios razonables» de este delito en la contratación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo Villa, como jefe de la oficina zonal de Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).“Existen suficientes elementos de prueba que indicarían que la denunciada habría influido directamente en los funcionarios responsables del proceso de contratación utilizando su posición como alta funcionaria del Poder Ejecutivo”, informó. Sería inhabilitada La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pasado lunes el informe que recomienda inhabilitar por diez años para el ejercicio de cargos públicos a Betssy Chávez debido a su presunta participación en el golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.La acusación señala que Chávez infringió los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú al participar activamente en acciones previas, durante y posteriores al intento de golpe. La acusación constitucional, presentada por la congresista Patricia Chirinos, deberá ser debatida en el Pleno del Congreso, que tomará la decisión final.