José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, consideró que la Presidencia del Consejo de Ministros no debió emitir un pronunciamiento respecto a la solicitud de la Fiscalía para declarar ilegal al partido Fuerza Popular. En diálogo con RPP, el abogado remarcó que ningún servidor público debe realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a una agrupación política.»El Gobierno no debió manifestarse. No tiene, nadie le dio vela en el entierro, manifestarse en una especie de defensa a un partido político, y eso, el fiscalizador del Jurado Electoral Especial (JEE) lo ha considerado como una infracción a la neutralidad, y ha emitido su informe, que lo está poniendo a disposición del JEE», sostuvo.En ese sentido, Villalobos sostuvo que sí existió una infracción al principio de neutralidad por parte del premier Eduardo Arana, con lo cual -en una segunda instancia- se le podría imponer una sanción que iría de las 30 a las 100 UIT. «Seguramente, él va a decir que, en efecto, su comunicado tampoco es que sea muy contundente, muy directo; pero se entiende que ha querido oponerse a la denuncia de la Fiscalía de la Nación», mencionó.Gobierno debe abstenerse de emitir pronunciamientos a favor de partidosEl especialista consideró que la intervención del Ejecutivo durante la campaña electoral debe limitarse a suministrar de los recursos necesarios a entes como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como garantizar la seguridad en su realización a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.En cuanto a la denuncia interpuesta en marzo de 2025, de la que se sostiene el pedido del Ministerio Público, consideró que se debe evaluar en qué contexto se habrían dado las presuntas conductas antidemocráticas del partido fujimorista. Sin embargo, apuntó que este proceso no impediría que la organización participe de las elecciones.»El caso de Fuerza Popular debería demorar lo mismo que demoró el caso de A.N.T.A.U.R.O., que son más de seis meses. Por lo tanto, una resolución en ese caso no impediría que el partido participe de las elecciones, porque ahora en diciembre van a estar inscritas sus candidaturas y no van a poder, en el hipotético caso de que declaren su ilegalidad, no tendría efectos hacia atrás. Es decir, sería hacia adelante y sus listas seguirían compitiendo», refirió.
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